LA CIFRA MÁS BAJA EN CINCO AÑOS. Bajan los presos extranjeros en las cárceles españolas

• Los residentes de manera ilegal pueden ser expulsados a su país de origen en caso de ser condenados a menos de seis años.
  La cifra de presos extranjeros en las cárceles españolas se situó, al finalizar el mes de marzo, en la cota más baja de los últimos cinco años, cuando arrancó la crisis económica. El Código Penal establece la posibilidad de expulsar a su país de origen a aquellos extranjeros residentes de forma ilegal en España cuando sean condenados a menos de seis años de cárcel. El último dato disponible de Instituciones Penitenciarias recogido por Europa Press corresponde al mes de marzo de 2013, en el que la cifra es de 22.594 presos extranjeros –20.876 hombres (92,4%) y 1.718 mujeres (7,6%)–. Actualmente, la población reclusa total asciende a 68.890 personas presas.
   En enero de 2008, año en el que se sitúa el punto de partida de la crisis económica había un total de 23.042 presos extranjeros –20.859 varones (90,53%) y 2.183 mujeres (9,47%)–. Un año después, en 2009, el dato subía hasta los 26. 291 presos extranjeros –23.932 hombres (91,03%) y 2.359 mujeres (8,97%)–.
   En enero de 2010 siguió subiendo hasta los 27.067 –24.753 (91,45%) y 2.314 mujeres–. A partir de ahí, la población reclusa extranjera comenzó a experimentar un descenso considerable que asciende a un 16,5% menos de presos extranjeros entre enero de 2010 y marzo de 2013.
  En enero de 2011 había un total de 26.182 presos extranjeros en las cárceles españolas –23.947 varones (91,46%) y 2.235 mujeres (8,54%)–. Un año después, en enero de 2012, la cifra ya disminuyó hasta los 24.251 presos extranjeros –22.251 de ellos hombres (92,16%) y 1.893 mujeres (7,84%)–.
  Según el artículo 89 del Código Penal, “las penas privativas de libertad inferiores a seis años impuestas a un extranjero no residente legalmente en España serán sustituidas en la sentencia por su expulsión del territorio español, salvo que el Juez o Tribunal, previa audiencia del penado, del Ministerio Fiscal y de las partes personadas, de forma motivada, aprecie razones que justifiquen el cumplimiento de la condena en un centro penitenciario en España”.
  Además, en estos casos el extranjero “no podrá regresar a España en un plazo de cinco a diez años, contados desde la fecha de su expulsión, atendidas la duración de la pena sustituida y las circunstancias personales del penado”. “La expulsión llevará consigo el archivo de cualquier procedimiento administrativo que tuviera por objeto la autorización para residir o trabajar en España”, añade este artículo.
  Sorprendido
  En caso de que el extranjero expulsado regresara a España antes de transcurrir el periodo de tiempo establecido judicialmente, “cumplirá las penas que fueron sustituidas”. No obstante, “si fuera sorprendido en la frontera, será expulsado directamente por la autoridad gubernativa, empezando a computarse de nuevo el plazo de prohibición de entrada en su integridad”.
  
  
  Si se acuerda la expulsión, pero el extranjero no ingresa en prisión, el Juez o Tribunal podrá acordar, con el fin de asegurar la expulsión, su ingreso en un centro de internamiento de extranjeros. Ninguna de estas circunstancias se aplicarán en el caso de que los extranjeros condenados sean condenados por delitos contra los derechos de los trabajadores.
  Llegan menos
  El éxodo de los inmigrantes que retornan a sus países por la crisis económica ha provocado que la población española baje por primera vez desde 1996, el primer año del que existen datos oficiales. A 1 de enero de 2013 había en España 47.059.533 personas inscritas en el padrón municipal, 205.788 menos que un año antes (-0,47%), según los datos provisionales hechos públicos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
  
  
  La caída se debe únicamente al descenso de extranjeros por el regreso a sus países, según señala EFE. El número neto de inmigrantes ha disminuido en 216.125 personas, lo que representa un -3,8%. El número neto de españoles ha subido, pero tan poco (10.337 personas que suponen un 0,02% más), que no logra compensar la sangría de población.
  Según los datos del INE, de los más de 47 millones de personas que estaban inscritos a 1 de enero de 2013 en los padrones municipales de los ayuntamientos, 41.539.400 tienen nacionalidad española y 5.520.133 son extranjeros, lo que representa el 11,7% del total de inscritos. En 2010, alcanzaron su récord con el 12,2%.
  La mayor parte de los extranjeros que ha perdido España en 2012 son no comunitarios. En total se han ido 125.486 personas de países de fuera de la Unión Europea, situándose su número en 3.167.155 personas. Los pertenecientes a la UE han descendido en 90.639, hasta quedarse en 2.352.978, según la nota del INE.