El Gobierno cambia el modelo de administración de manera encubierta
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F),
sindicato más representativo en las administraciones públicas,
considera que la Oferta Pública de Empleo aprobada hoy por el Consejo de Ministros
es absolutamente insuficiente y deja la Administración General del
Estado en una situación “bajo mínimos” que agravará el efecto de los
recortes sobre los ciudadanos.
Además, CSI-F considera que el Gobierno está modificando el modelo
de administración de manera encubierta. La congelación de la oferta
pública de empleo está generando la progresiva entrada de la empresa
privada, a través de la externalización de servicios y puestos
relacionados con la gestión, que hasta ahora estaban reservados a
empleados públicos.
La oferta pública es insuficiente de por sí, pero además, las pocas
plazas están mal distribuidas, limitándose fundamentalmente a empleados
públicos de titulación superior, relegando a empleados relacionados con
puestos de gestión y servicios.
En la actualidad, se ha consolidado la tendencia a externalizar
puestos relacionados con la hostelería, la vigilancia o la limpieza.
Pero CSI-F tiene constancia de que ya se están externalizando también
puestos estructurales de conductores y ordenanzas. Este es el caso, por
ejemplo, de la Dirección General de la Seguridad Social en Barcelona,
que recientemente, ha adjudicado a una empresa privada sus ordenanzas.
También es novedosa este año la externalización de la vigilancia
privada en los perímetros de las prisiones. La congelación de la oferta
pública también está deteriorando departamentos tan sensibles como el
Servicio Público de Empleo Estatal, el Fondo de Garantía Salarial, o el
Imserso, con la particularidad en este último caso de que los empleados
públicos realizan una labor asistencial.
También es especialmente sangrante el caso de la Justicia. Pese ha
haber alcanzado un acuerdo con los sindicatos para ofertar 1.100 plazas,
el departamento de Montoro se ha impuesto al de Gallardón, limitando
esta a 300 (menos de una tercera parte), lo que deja a la justicia en
una situación de absoluta precariedad de medios personales. Capítulo
aparte merece el personal laboral, que únicamente puede acceder a 8
plazas, destinadas eso sí, a discapacitados intelectuales.
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