Empleados públicos de toda España saldrán a las calles el 10 de marzo en defensa de los servicios públicos

CSI-F reclama a Montoro garantías en el empleo y una mejora de las condiciones laborales, tras los últimos datos del déficit

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato más representativo en las Administraciones Públicas, y el resto de organizaciones que conforman la Plataforma Sindical y de Asociaciones Profesionales de Empleadas y Empleados Públicos, llevarán a cabo movilizaciones en todas las provincias, el próximo 10 de marzo.

Bajo el lema “en defensa de los servicios públicos y de las empleadas y empleados públicos”, colectivos procedentes de todos los sectores de las Administraciones Públicas (Sanidad, Educación, Enseñanza, Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entre otros) organizarán una jornada de protesta masiva.

Los empleados públicos pretenden elevar el tono de la protesta y converger en una movilización conjunta los conflictos existentes en todos los niveles del sector público por los recortes y la amenaza sobre el modelo de gestión pública.

Por otra parte, CSI-F recibió con “escepticismo” las palabras del Ministro de Hacienda tras dar a conocer hoy los resultados del déficit. El sindicato pide al titular de Hacienda que demuestre con hechos la supuesta voluntad de no llevar a cabo nuevos ajustes a lo largo de este año.

“Si de verdad quiere agradecer el esfuerzo realizado por los empleados públicos, debe pasar de las palabras a los hechos: ofrecer garantías de empleo y mejorar las condiciones laborales”, destacó el presidente del sindicato Miguel Borra. Además, el desfase del déficit en las comunidades autónomas es otro dato que amplía las posibilidades de nuevos recortes.

Reforma de las Administraciones Públicas

En este sentido, CSI-F considera que la futura reforma de las Administraciones Públicas y el proyecto de Ley de reforma del Régimen Local será uno de los caballos de batalla a lo largo de los próximos meses. CSI-F calcula que se verán directamente afectados 115.000 trabajadores, que podrían ver comprometida su estabilidad laboral.

CSI-F advierte de que se debe garantizar la estabilidad de los puestos de trabajo, los servicios públicos esenciales y desde luego, evitar que esta reforma se produzca a costa de la privatización o externalización masiva de entes y organismos y el empeoramiento de las condiciones laborales.