Justicia crea un fichero disciplinario para empleados públicos con datos de afiliación sindical

CSI-F estudiará acciones legales por una posible vulneración de derechos constitucionales y de protección de datos

El Ministerio de Justicia ha creado un fichero sobre el régimen disciplinario de los empleados públicos destinados en este ministerio que incluirá, entre otros datos, la afiliación sindical de las personas denunciadas, lo que en opinión de CSI-F –sindicato mayoritario en la Justicia-- puede entrar en colisión con la Ley Orgánica de Protección de Datos y la Constitución Española. El fichero ha sido creado al amparo de una orden ministerial publicada el pasado martes, 19 de febrero, en el Boletín Oficial del Estado (III. Otras Disposiciones) y tiene como finalidad “el seguimiento y gestión de las actuaciones referentes al régimen disciplinario de los empleados públicos al servicio de la Administración General del Estado, con destino en el Ministerio de Justicia”.

Según la orden ministerial, se incluirán datos identificativos (nombre y apellidos, domicilio, direcciones postales y electrónicas, teléfono), así como detalles del puesto de trabajo, número de registro personal, sanciones propuestas e impuestas y la “afiliación sindical de los denunciados”. El Ministerio considera esta información como “datos especialmente protegidos”, con medida de seguridad “media” y prevé su cesión a unidades y órganos disciplinarios, recursos humanos, así como a los jueces, tribunales y la abogacía del estado.

No obstante, CSI-F cree que con los derechos fundamentales no se juega. La inclusión de la afiliación sindical como dato permanente en un fichero es irrelevante para el procedimiento disciplinario y, en consecuencia, contraviene el principio recogido en el artículo 4.1 de la Ley Orgánica de protección de datos (LOPD) que exige que los datos sean “adecuados, pertinentes y no excesivos” en relación con la finalidad del fichero.

CSI-F no ve ninguna razón para que conste en un fichero de carácter permanente la afiliación sindical de ningún empleado público que no está obligado a revelar su condición de afiliado si no lo desea y mucho menos puede verse obligado a que ese dato figure en un fichero. Esta medida además, no ha sido consultada con los sindicatos en el marco de la negociación colectiva. 

Por otro lado, CSI-F denuncia que, si el dato de afiliación se incluye en el fichero, el nivel de seguridad del mismo debería ser alto y no medio como le atribuye la orden al incluir un dato especialmente protegido del artículo 7 de la LOPD que, por otro lado, no podría recogerse sin el consentimiento expreso y por escrito del afectado.

En este sentido, CSI-F pedirá explicaciones públicas al Ministerio en la mesa sectorial que se celebrará la próxima semana y, de no modificarse la orden, estudiará las actuaciones legales que sean necesarias ante una posible vulneración de la Ley Orgánica de Protección de Datos y que pueden afectar a los derechos de libertad sindical, y a la libertad de conciencia, que contemplan los artículos 28 y 16 de la Constitución Española.