«Los Gordos», «Brunos», «Fernández» y «Saavedra»
poseen 14 parcelas ilegales con videovigilancia y piscina. Están
situadas en suelo rústico
Los cuatro clanes de la droga más fuertes de la Cañada Real están levantando un nuevo asentamiento en el término municipal de Chinchón
y cerca del casco urbano de Morata de Tajuña. En la amplia
documentación de la Guardia Civil a la que ha tenido acceso ABC,
destacan a la altura del kilómetro 13 de la M-313 catorce parcelas
adquiridas en los últimos meses por los narcos de las familias de «Los Gordos», «Fernández Fernández», «Saavedra» y «Brunos». Estos conocidos grupos de presuntos narcos mantienen relaciones entre sí.
La Guardia Civil lleva unos seis meses
trabajando en la zona y, con la colaboración de las policías locales de
los dos municipios afectados, además de la de Aranjuez, ha conseguido
neutralizar el crecimiento del nuevo asentamiento. De hecho, fue el
Seprona el que a principios de verano denunció ante la Comunidad de
Madrid, Chinchón y Morata la existencia de estas construcciones en suelo
rústico, algo ilegal. Los ayuntamientos ya han paralizado y precintado
algunas de estas obras.
El historial de estos «nuevos vecinos» es como para no pensarse una actuación rápida que ataje el problema. Presuntamente, se trata de gente como Tomás Fernández Fernández, que compró la parcela 1 e intentó lo mismo con la 3, aunque no lo consiguió. También se encuentra Luis Eduardo Saavedra, supuestamente del clan de «Los Gordos»,
el más importante de la Cañada Real Galiana. Este individuo cuenta,
entre otros, con antecedentes policiales por tenencia ilícita de armas,
tráfico de drogas, atentado a agente de la autoridad y desobediencia. Su
finca, la número 5, cuenta con un sistema de videovigilancia que graba
la zona exterior, algo totalmente prohibido por la Ley de Protección de
Datos y que ya ha sido denunciado.
300.000 euros en una casa
Luis Eduardo Saavedra ha comentado en alguna
ocasión que se gastó 120.000 euros en su terreno y otros 160.000 en las
mejoras y construcción de la vivienda. Casi todas ellas cuentan con
piscinas y tampoco, como hecho curioso, les falta su correspondiente
caseta para el perro. Las parcelas 7, 8, 9 y 10 están presuntamente en
manos de Alejandro, José y Cristian Fernández Fernández, así como de
Antonio Fernández Bruno, emparentado con el clan al que da nombre su
segundo apellido.
En el asentamiento hay también al menos dos
casas prefabricadas, una de ellas adquiridas por un ucraniano que tiene
otra vivienda allí tras pagar 27.000 euros, según precisaron a este
periódico fuentes del caso. Las parcelas 13 y 14, una de ellas bautizada
como «La Calesa», son de Francisco García Camarero y José Giraldo
González, con domicilio conocido en Valdemingómez.
Otro de los «inversores» en el ladrillo ilegal es Julián Contreras Martín, alias «El Yepero»,
que ha comprado su solar en el kilómetro 8 de la M-313, junto a la
M-302. Hay casos bastante elocuentes del nivel de vida que manejan estas
personas. Miguel Ángel Pintado y María Antonia Saavedra habrían
adquirido un chalé en el casco urbano de Morata de tajuña por 300.000
euros. Pagados billete a billete, en mano. No saben lo que es una
hipoteca, ni les interesa. También llaman la atención los vehículos que
se ven por esas parcelas, de marcas de alto nivel como Audi, BMW y
Mercedes, precisan nuestras fuentes.
El crimen de «El Pimiento»
Y otro dato curioso: miembros del clan de los Saavedra se reúnen un día sí y otro también en un bar de Morata,
en el que gastan grandes cantidades de dinero en comilonas y bebidas.
Por todo lo alto. Pero lo que también preocupó a la Comandancia de la
Guardia Civil, que ha puesto a trabajar a su Jefatura de Policía
Judicial, a la de Información y a las Unidades de Seguridad Ciudadana
(Useci), fue la presencia de otros miembros de estos grupos de
narcotraficantes en la zona.
Se desconoce si el objetivo del asentamiento es la inversión económica
¿Inversión o asentamiento?
El plan de choque policial es continuo, aunque
se desconoce si el nuevo asentamiento tiene como finalidad una inversión
económica de estas familias de la droga, y de camino blanquear los
pingües beneficios de sus «negocios»; o si realmente, debido a la
presión ejercida en el tramo más conflictivo de Cañada Real, están
buscando un nuevo lugar donde asentarse, a 50 kilómetros de la Puerta
del Sol. Aunque las investigaciones policiales continúan, y a buen
ritmo, por ahora no parece que la pretensión de estos conocidos clanes
sea trasladar allí un supermercado de la droga. Y por una razón bien
sencilla: esta mencionada distancia geográfica de la capital, que
dificultaría muchísimo el traslado de sus clientes toxicómanos a los
nuevos puntos de venta.
Los índices de delincuencia en esa área rural
tampoco han sufrido un incremento, al igual que la tasa de
escolarización en ambos municipios afectados. Ello indica que el escudo
policial en el ámbito está dando sus resultados y que el problema ha
sido detectado a tiempo.
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