Se construyó una falsa identidad como piloto de
avión, se sometió a una operación de cirugía estética para desfigurar
su rostro e incluso se cambió las huellas digitales de las manos por las de los pies,
para evitar ser localizado por la Policía. De este modo, logró
permanecer huido de la Justicia durante siete años, para eludir la
condena que le había impuesto el juez de la «operación Nécora» por su colaboración con los cárteles colombianos de la droga.
Finalmente, Francisco Javier Martínez Sanmillán, conocido como «Franky»,
fue detenido en 2006 a las puertas del lujoso chalé que se había
comprado en la población alicantina de Pedreguer, donde residía con su
exmujer y sus dos hijos. La Policía sostiene que se compró la mansión, valorada en tres millones de euros, con los beneficios que había obtenido del tráfico de droga.
La mansión de «Franky»
El «Franky» se sentó en el banquillo el pasado
mes de noviembre, acusado de blanqueo de capitales. Su lujosa mansión
con piscina de Pedreguer, conocida como «Campell», hoy funciona como un centro de atención a personas discapacitadas y enfermos mentales que da servicio a toda la comarca de a Marina Alta.
En diciembre de 2007, un año después de que «El
Franky» fuera detenido, el Juzgado de Instrucción número 7 de Denia
cedió el uso del inmueble al Consell para destinarlo a fines sociales
bajo la administración del Ayuntamiento de Pedreguer. La Ley española
permite que, siempre bajo supervisión judicial, los bienes incautados a los narcotraficantes puedan ser cedidos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado,
para destinarlos a la lucha contra el tráfico de drogas, o bien a
entidades públicas y privadas que puedan darle una utilidad social.
Con sardinas congeladas
A propuesta del presidente de la Audiencia
Provincia de Alicante, Vicente Magro, la Comisión Provincial de la
Policía Judicial de Alicante aprobó el año pasado un protocolo para
agilizar la cesión de bienes muebles intervenidos a los narcos a favor
de entidades sociales. Fruto de este acuerdo, la Policía cuenta con un
listado de 25 asociaciones a las que se le pueden ceder artículos intervenidos como electrodomésticos, ordenadores, neveras o televisores.
En aplicación de esta norma, los inmuebles intervenidos a los
narcotraficantes pueden ser utilizados como residencias o centros
sociales.
En cambio los vehículos y embarcaciones suelen
ser cedidos por el juez a los propios cuerpos de seguridad para que los
utilicen en la lucha contra el narcotráfico. En noviembre de 2009, la
Guardia Civil desarticuló una red que había introducido 11 toneladas de hachís en la provincia de Alicante.
La droga había sido desembarcada en Alicante y trasladada a una nave
industrial de Santa Pola, desde donde los traficantes tenían previsto
trasladarla en tres camiones de gran tonelaje, oculta en un cargamento de 11.000 kilos de sardinas congeladas.
Utilizando este negocio como tapadera, el cargamento de pescado había
sido importado por una empresa con domicilio en Las Rozas (Madrid).
La Guardia Civil también intervino a la red una flota de vehículos de gran cilindrada -entre los que se encuentra un Cadillac, un BMV, un Porsche y un SAAB 9.000-
que el juez ha puesto a disposición de la Comandancia de Alicante.
Estos vehículos que pueden ser utilizados única y exclusivamente para
labores de investigación y persecución de los narcotraficantes, nunca para usos privados o de representación institucional.
En todos los casos, el juez autoriza el uso de
estos bienes en depósito, antes de que se produzca sentencia definitiva.
Luego pueden ser subastados por la Justicia, para afrontar la responsabilidad civil impuesta a los narcotraficantes, o bien devueltos a sus propietarios si la sentencia es absolutoria.
También varias de las lanchas semirrígidas que el Servicio Marítimo de la Guardia Civil
utiliza habitualmente para patrullar el interior del puerto de Alicante
proceden de los bienes incautados a redes de narcotráfico.
La Policía Nacional abordó en octubre de 2010 un velero, situado a 30 millas de Alicante, en el que otra red de narcotráfico transportaba 3.200 kilos de hachís
procedente del norte de África. También en este caso, la Guardia Civil
solicitó a la Justicia que le cediera el uso de la embarcación. Sin
embargo, el juez denegó la petición por considerar que un velero no es
un medio adecuado para perseguir a los narcotraficantes.
ABC
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