Basada en una tremenda responsabilidad
con el Estado, en la fuerza de nuestra acción sindical y en el
gigantesco amparo de nuestra independencia, CSI·F
decidió hace unas fechas no secundar la huelga general convocada para
este próximo miércoles. Fue una decisión razonada concienzudamente,
meditada hasta en la última coma que alberga nuestro mensaje y discutida
en profundidad y de manera democrática en el seno de nuestro sindicato.
Incluso con voces discordantes dentro de nuestra propia organización,
que goza de una democracia interna sobresaliente. Eso sí, la decisión
adoptada por CSI·F ha estado, en todo momento, presidida por la salvaguarda de nuestros principios de profesionalidad e independencia.
Nadie puede exigirle más esfuerzo a los Empleados Públicos. Hemos
sufrido ataques y afrentas tanto desde el gobierno central como desde el
autonómico. Hemos perdido casi un treinta por ciento de poder
adquisitivo en los últimos dos años. Hemos sufrido ataques a nuestro
prestigio y reputación desde varios frentes. Hemos visto cómo nuestra
imagen era vilipendiada, incluso hasta ponernos como parte del problema y
no, como creo que somos, como parte de la solución de esta tremenda
crisis. Una crisis que ha pasado ya los límites de la economía
financiera para pasar a ser una crisis laboral, social y, si me apuran,
hasta sistémica.
Pero a pesar de esos agravios, a pesar de esas afrentas, una huelga
general es una medida de gran calado en la vida de un país. Su
convocatoria debe atender a criterios de oportunidad y efectividad y
contar con el respaldo mayoritario de los trabajadores. De no ser así,
sus efectos pueden ser perjudiciales para la consecución de los
objetivos propuestos, así como condicionar actuaciones reivindicativas
futuras. Y ese marco no es, precisamente, el reinante en nuestro país.
Desde CSI·F consideramos que no se dan las circunstancias adecuadas para la convocatoria de una huelga.
España, en plena crisis, ya ha sufrido dos huelgas generales que no han
hecho otra cosa que perjudicar nuestra imagen exterior y dañar nuestros
ya maltrecha situación económica. Tras la convocatoria del 29 de marzo,
la prima de riesgo aumentó casi en trescientos puntos (de 344 a 635) y
la bolsa cayó en cas tres mil (de 7.963 a 5.905) en los cuatro meses
posteriores. Ahora, en una situación similar a la del marzo pasado tanto
en las cifras macroeconómicas expuestas como (lamentablemente) en el
número de desempleados, volver a apostar por otra huelga sería abocar a
España al temido rescate. Acerca al país hacia el precipicio al que
parecíamos destinados en verano. Por esa responsabilidad ante la
situación del país, no podemos apoyar de ningún modo esta huelga que
consideramos inoportuna.
Pero voy más allá de la situación económica-financiera que vivimos.
Esta convocatoria tiene un claro componente político. Se vincula
directamente a un referéndum a nivel nacional que no consideramos ni
procedente ni necesario. CSI·F no pone ni
quita gobiernos. Para ello ya están las urnas y los mecanismos
democráticos que recoge nuestra Constitución. Tampoco sirve de acicate
político de sigla alguna. Nuestra independencia no nos lo permite, ni a
nivel nacional ni a nivel autonómico.
Este componente político choca de manera frontal con nuestra manera de
vivir el sindicalismo. Un sindicalismo que rechaza la vinculación con la
política y que sale a la calle, como hemos hecho y haremos siempre,
contra las medidas de los gobiernos de derecha y contra las medidas de
los gobiernos de izquierdas. Por esa independencia, consideramos que
nuestra decisión está profundamente meditada, razonada y debatida. Y por
eso exigimos que se nos respete tanto como CSI·F respeta
a las organizaciones convocantes de la huelga. El derecho
constitucional tanto a hacer huelga como a trabajar debe prevalecer en
esta situación, ahorrándonos de paso situaciones dantescas como las
vividas otrora.
CSI·F, amparada -como decía- en la fuerza de
su independencia, ha decidido no apoyar esta huelga. Pero esta negativa
no debe ser tomada como un cheque en blanco hacia el gobierno y,
muchísimo menos, hacia sus medidas de ajuste. Unas medidas que, desde
marzo de 2010, tienen como blanco principal los Empleados y los
Servicios Públicos que defendemos, tales como la Enseñanza, la Sanidad o
la Dependencia, pilares todos ellos de la sociedad actual. Unas medidas
que de manera injusta, arbitraria y desproporcionada, se han ensañado
con nuestros derechos. CSI·F seguirá en la
calle. Seguirá demostrando su independencia en cada afrenta, siempre que
sea necesario. Seguirá luchando por los derechos de los Empleados
Públicos y actuando con la misma responsabilidad, independencia y
profesionalidad que le han llevado a tomar esta decisión ante la huelga.
Una decisión meditada, razonada y que merece el mismo respeto que si
fuese la opuesta.
José Luis Heredia Hernández
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