España tendrá la última palabra

La Comisión Europea ha dejado claro que un 'Estado' catalán saldría de forma inmediata de la UE y su readmisión requeriría la unanimidad de todos los socios

Las aspiraciones soberanistas del presidente de la Generalitat y candidato de Convergència i Unió en las próximas elecciones autonómicas, Artur Mas, han entrado a la fuerza en la agenda europea, a pesar de que Bruselas ha tratado de esquivar este controvertido asunto apoyándose en la convicción de que las disputas entre regiones de un Estado miembro son cuestiones de «política interna». Pero en el camino hacia una mayor integración europea todos los interrogantes buscan su respuesta en Bruselas y al Ejecutivo comunitario no le ha quedado más remedio que dar la cara y explicar qué ocurriría con Cataluña en caso de una declaración de independencia.
La respuesta es firme y no deja lugar a interpretaciones: España tendrá la última palabra para decidir si Cataluña puede o no entrar en el club comunitario. Hay distintas opciones en función de si ese proceso de secesión es consensuado entre las dos partes -como puede ocurrir con Escocia- o si la declaración de independencia es unilateral, pero en cualquier caso sería necesario un cambio en los Tratados de la UE y para ello es necesaria la aprobación unánime de todos sus miembros, lo que de facto otorga a España o cualquier otro país, capacidad de veto.
La vicepresidenta de la Comisión Europea y titular de Justicia, Viviane Reding, así se lo ha explicado al Gobierno en una carta remitida al secretario de Estado para la UE, Íñigo Méndez de Vigo. En ella hace referencia a dos respuestas parlamentarias que ha dado la Comisión y que dejan claro cuál sería el destino de una Cataluña independiente. En 2004 el entonces presidente del Ejecutivo comunitario, Romano Prodi, aseguró que «cuando una parte de un territorio de un Estado miembro deja de formar parte de ese Estado los tratados dejarán de aplicarse a ese nuevo Estado. En otras palabras, una nueva región independiente se convertirá en un tercer Estado con respecto a la Unión».

«Desde un punto de vista jurídico es indiscutible que la creación de un nuevo Estado catalán obligaría a modificar los Tratados de la UE», explica Jean-Claude Piris, autor de gran parte de las normas que rigen el funcionamiento de la UE. Ni siquiera el hecho de que los ciudadanos catalanes sean también ciudadanos europeos es un argumento para defender que Cataluña podría permanecer en la UE en caso de secesión. El artículo 20 del Tratado de Funcionamiento de la UE sostiene que «será ciudadano de la Unión toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro». Y especifica: «La ciudadanía de la Unión se añade a la ciudadanía nacional sin sustituirla».

La catedrática de Derecho Internacional de la Universidad Complutense, Araceli Mangas, sostiene que es una «soberana falacia» el argumento de que una secesión dentro de la UE sería una ampliación interna dentro de la Unión y que la UE no puede expulsar a alguien que ya es ciudadano europeo. «El titular de la membresía y de la identidad nacional es España, el Estado», recuerda.

Sin embargo, sí hay una cuestión abierta a interpretaciones y más difícil de resolver: cómo sería el eventual proceso de adhesión de Cataluña en caso de declararse independiente. Fuentes europeas consultadas sostienen que dependería de cómo se lleva a cabo el proceso de separación, es decir, si es consensuado o no entre las dos partes. De momento, la vicepresidenta Reding también ha reiterado su coincidencia con el Gobierno en que la Unión Europea «deberá respetar las estructuras fundamentales constitucionales y la integridad territorial de los Estados miembros, cuya determinación es competencia exclusiva de estos». Es decir, la UE no podría reconocer a Cataluña como Estado independiente si el proceso no está legitimado por la Constitución Española.

El caso de Escocia es diferente, admiten en Bruselas, y una posible independencia sí estaría avalada por Reino Unido, que ha autorizado la celebración de un referéndum. Y aunque su salida de la UE se produciría de forma inmediata, la reincorporación podría ser un proceso más rápido y tal vez no sería necesario iniciar el procedimiento habitual de adhesión. «Si todos los estados miembros lo aceptan, Escocia podría reingresar rápidamente en la UE y bastaría sólo con modificar los Tratados para detallar algunas cuestiones políticas, como el número de representantes que tendría en el Parlamento Europeo o sus derechos de voto en el Consejo», explicaban Arabella Thorp y Gavin Thompson en un informe elaborado para el Parlamento escocés. Fuentes de la Comisión Europea coinciden con esta interpretación.

epsimo y EL MUNDO