EL PP IMPONE UNA TASA DE 2.550 EUROS AL CIUDADANO QUE RECURRA ACTOS DEL GOBIERNO
Imaginémos
un reglamento del gobierno que es injusto, o que el Estado/Comunidad te
reclama que pagues un impuesto que no te corresponde realmente, que
sabemos que si recurrimos, la Constitución nos dará la razón ¡pero! no
tenemos 2.550€, con lo cual ya no podemos ir a juicio. ¡GRACIAS! ¡la
justicia es para ricos! ahora SÍ es oficial.
ANDRÉS MUÑIZ - Madrid - 31/10/2012
El Congreso aprueba hoy, con el rechazo de toda la oposición, la Ley
que extiende el 'copago judicial' a los particulares. Los populares no
han aceptado hasta ahora ninguna enmienda.
Si no hay cambios de
última hora, el Partido Popular impondrá este miércoles en el Congreso
el Proyecto de Ley que extiende el pago de tasas judiciales a las
personas físicas, es decir, a todos los ciudadanos. En concreto, de
acuerdo a este nuevo impuesto, que supone un 'copago' judicial, un
particular que recurra una disposición o acuerdo del Gobierno que
considere injusta, a través del correspondiente pleito
contencioso-administrativo ordinario, tendrá que pagar 2.550 euros en
caso de llegar hasta el Tribunal Supremo.
Todos los grupos
parlamentarios, excepto el PP, se han opuesto a las nuevas tasas y han
pedido la retirada del proyecto. No sólo critican la extensión a los
particulares y la elevada cuantía de este nuevo impuesto, sino que se
exijan también para los recursos en segunda instancia en el orden
laboral o social, a razón de 500 euros en suplicación y 750 en casación
ante el Supremo. Por lo que un trabajador despedido de su empresa que
considere que la extinción del contrato ha sido improcedente, tendría
que desembolsar 1.250 euros si debe llegar al Supremo, a sumar a lo que
le cobre el abogado y el procurador.
Hasta la fecha, las tasas
sólo se cobraban en los órdenes civil y contencioso y únicamente a
empresas o personas jurídicas de una cierta entidad. El Gobierno, en un
claro "afán recaudotorio", en palabras del ponente socialista de la Ley,
Antonio Camacho, ha procedido a elevar las cuantías --en algunos casos,
en más de un 150%--, ampliar la recaudación a los ciudadanos
particulares e incluir a la segunda instancia del orden social en la
aplicación del impuesto. Aparte de la cantidad fija que hay que abonar,
se establece otra variable de entre el 0,25% y el 0,5% de las cuantías
reclamadas en el pleito.
Sólo quedarán exentos del pago las
personas con derecho a justicia gratuita, porque su unidad familiar
tiene ingresos anuales inferiores a 2,5 veces el Indicador Público de
Renta de Efectos Múltiples (Iprem), es decir, 15.960 euros.
La
Comisión de Justicia del Congreso examinará esta tarde las enmiendas al
articulado de la Ley planteadas por los grupos, después de que la semana
pasada la mayoría absoluta del PP sirviera para impedir la devolución
al Gobierno del proyecto que reclamó la oposición en pleno. Fuentes
parlamentarias consultadas por Público destacan que no esperan que el
Grupo Popular apoye cambios --sus enmiendas han sido técnicas-- salvo,
en todo caso, en lo relativo a las tasas en el orden social, que el
resto de formaciones piden suprimir.
El Proyecto se está
tramitando por la vía de urgencia, por acuerdo de la Mesa de la Cámara,
por lo que está previsto que se apruebe el próximo mes de noviembre
tanto por el Senado como, de forma definitiva, por el Congreso. Las
nuevas tasas judiciales han desatado las críticas, además de todos los
partidos excepto el PP, de todas las asociaciones de jueces y fiscales,
así como del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo General de
la Abogacía y los procuradores.
Según ha destacado María
Moretó, de la Unión Progresista de Fiscales, las nuevas tasas "sólo
permitirán acceder a la justicia a los ricos", y plantea serias dudas de
constitucionalidad si, como puede pensarse, tienen un efecto
"disuasorio" en el ciudadano a la hora de recurrir.
Antonio
Camacho, ponente de la Ley por el Grupo Socialista, señala que la Ley
tiene un único afán recaudatorio, pero afecta al derecho fundamental del
ciudadano a reclamar y recurrir a la justicia, al limitar el acceso a
la misma. Además, en casos como el de las multas de tráfico o de
reclamaciones de consumo, la cuantía de la tasa será en muchas ocasiones
superior al importe de la multa contra la que se reclama, lo que
llevará al afectado a no presentar la demanda.
Por su parte, el
Ministerio de Justicia, que espera ingresar con la subida 306 millones
de euros al año, frente a los 164,4 millones que se embolsó en 2011,
justifica la medida en la necesidad de asegurar, con el dinero
recaudado, el sostenimiento del sistema de justicia gratuita para
aquellos ciudadanos que carezcan de recursos para litigar. No obstante,
en los borradores de la reforma de la justicia gratuita que están
negociando con las comunidades autónomas, establecen que las personas
beneficiadas por ese sistema sólo no deban pagar por la presentación de
las demandas en primera instancia, pero sí que abonen un 20% de la tasa
en segunda instancia. Una cantidad que estiman que no es disuasoaria
pero que impedirá los abusos derivados de la gratuidad de la acción,
según fuentes del Ministerio. — con Francisco Miguel Rodriguez Sanz.
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