miércoles, 21 de noviembre de 2012

El fiscal pide diez años de cárcel para cinco miembros de CCOO por coacciones

El fiscal pide una pena conjunta de diez años de prisión para cinco miembros de CCOO de La Rioja -dos años para cada uno de ellos- como presuntos autores de un delito de coacciones a una empresa de Logroño, durante la víspera de la huelga general del 29 de septiembre de 2010.
Estos datos los ha facilitado hoy a Efe el secretario general de CCOO de La Rioja, Koldo González, quien es uno de los cinco imputados por la denuncia que presentó la empresa.
El Ministerio Público también solicita una multa de nueve meses, a razón de seis euros diarios para cada uno de los cinco imputados, como presuntos autores de un delito de daños en las instalaciones de esta fábrica, ha precisado González.
Los hechos, ha añadido, se remontan a las 23:45 horas del 28 de septiembre de 2010, que es un tiempo que, según sus datos, está dentro del derecho a la huelga a efectos del turno de noche de entrada a las fábricas, que se inicia a las 22:00 horas.
González ha dicho que es "incómodo" ser denunciado, ya que, según sus datos, los miembros del piquete informativo no ocasionaron incidente alguno, sino que "entraron de manera pacífica por el pasillo central de la empresa y sin alterar el ritmo normal de la producción".
Este dirigente sindical ha detallado que el piquete informativo, formado por un grupo de entre treinta y cuarenta personas, se desplazó a las 22:00 horas del 28 de septiembre al polígono donde está ubicada esta empresa sin ocasionar "ningún incidente".
Según sus datos, la entrada a una empresa sin alterar el ritmo de la producción y hablar con los trabajadores durante una huelga está dentro de la legalidad.
El juicio por este asunto todavía no ha sido señalado, aunque, según ha explicado González, cada imputado ha tenido que consignar un depósito de cuatrocientos euros.
El secretario general de CCOO ha precisado que, tras aquella huelga general, se han sucedido otras dos y ha insistido en que su acción se centra en "ejercer una labor de supervisión a los piquetes informativos para evitar enfrentamientos con los trabajadores". El fiscal pide una pena conjunta de diez años de prisión para cinco miembros de CCOO de La Rioja -dos años para cada uno de ellos- como presuntos autores de un delito de coacciones a una empresa de Logroño, durante la víspera de la huelga general del 29 de septiembre de 2010.
Estos datos los ha facilitado hoy a Efe el secretario general de CCOO de La Rioja, Koldo González, quien es uno de los cinco imputados por la denuncia que presentó la empresa.
El Ministerio Público también solicita una multa de nueve meses, a razón de seis euros diarios para cada uno de los cinco imputados, como presuntos autores de un delito de daños en las instalaciones de esta fábrica, ha precisado González.
Los hechos, ha añadido, se remontan a las 23:45 horas del 28 de septiembre de 2010, que es un tiempo que, según sus datos, está dentro del derecho a la huelga a efectos del turno de noche de entrada a las fábricas, que se inicia a las 22:00 horas.
González ha dicho que es "incómodo" ser denunciado, ya que, según sus datos, los miembros del piquete informativo no ocasionaron incidente alguno, sino que "entraron de manera pacífica por el pasillo central de la empresa y sin alterar el ritmo normal de la producción".
Este dirigente sindical ha detallado que el piquete informativo, formado por un grupo de entre treinta y cuarenta personas, se desplazó a las 22:00 horas del 28 de septiembre al polígono donde está ubicada esta empresa sin ocasionar "ningún incidente".
Según sus datos, la entrada a una empresa sin alterar el ritmo de la producción y hablar con los trabajadores durante una huelga está dentro de la legalidad.
El juicio por este asunto todavía no ha sido señalado, aunque, según ha explicado González, cada imputado ha tenido que consignar un depósito de cuatrocientos euros.
El secretario general de CCOO ha precisado que, tras aquella huelga general, se han sucedido otras dos y ha insistido en que su acción se centra en "ejercer una labor de supervisión a los piquetes informativos para evitar enfrentamientos con los trabajadores".  
 

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