sábado, 17 de noviembre de 2012

El despilfarro de dinero público sigue siendo norma en España

El contribuyente español se enfrenta a una Administración demasiado grande y opaca, por lo que esta colección de noticias e informaciones varias ayuda semana tras semana a que los pagadores de impuestos sigan más de cerca el uso que se hace de sus recursos. En esta enumeración entran datos relativos al gasto público, la burocracia estatal, el endeudamiento soberano y el sistema tributario.
Empezamos el repaso de esta semana hablando del Ministerio de Educación y Cultura, que ha disparado un 74% las ayudas públicas para producir cine español que se habían anunciado de forma preliminar hace algunos meses. El ICAA, ente encargado de conceder estos subsidios, iba a comprometer inicialmente 3 millones de euros para este capítulo. No obstante, esta semana hemos conocido que el montante total de este capítulo de gasto superará los 5.2 millones de euros.
No dejamos aún el Ministerio de Cultura porque esta semana hemos conocido que el Gobierno cargará el canon digital a todos los españoles vía impuestos. Cristaliza así una medida anunciada al comienzo de la legislatura. El nuevo impuesto sucederá a una polémica tasa que recaudó entre 90 y 200 millones de euros al año entre 2003 y 2011.
Seguimos ahora con el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Esta semana, el Ministerio de Hacienda ha hecho público que reducirá el recorte de liberados sindicales que se había anunciado a comienzos de verano. Ahora, un 30% de los liberados que se habían vuelto obligados a regresar a su puesto de trabajo disfrutará de un "indulto" y podrá regresar a ejercer como liberado sindical. Los contribuyentes salen perdiendo una vez más.
Hablemos ahora del IVA, y en concreto, de su aspecto más fúnebre. La subida del impuesto indirecto por excelencia aprobada por Mariano Rajoy ha hecho que los españoles sean los europeos que pagan más IVA por su entierro. Tras la subida de trece puntos de dicho gravamen, los servicios funerarios cuestan unos 300 euros más de media.
También en los impuestos especiales hay movimientos. Esta semana hemos conocido que el Gobierno prevé recaudar 70 millones este año adelantando el cobro de los "derechos de emisión de CO2" que van a estipularse a partir de 2013. Una nueva forma de aplicar la "fiscalidad verde" que tan de moda se ha puesto en tiempos de crisis...
Y por si no fuese suficiente con todo lo que hemos visto hasta ahora, también esta semana hemos conocido que España debe al CERN 110 millones de euros. El Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN) vive un momento dorado tras el hallazgo del bosón de Higgs, pero tiene a nuestro país en su lista de morosos, ya que la Administración española aún no ha abonado las cuotas de 2011 y 2012.
Pasemos ahora al ámbito regional. Esta semana hemos conocido que la plantilla de empleados públicos de Extremadura y Baleares ha seguido creciendo durante el presente año. Ambas administraciones están gobernadas por el Partido Popular. En Extremadura, la plantilla de empleados autonómicos subió casi un 3%, mientras que en Baleares creció por encima del 8%. En su mayoría, estos nuevos puestos son indefinidos.
Otro capítulo de gasto digno de atención en el ámbito regional son las televisiones autonómicas. Esta semana hemos conocido que TV Castilla-La Mancha gastó 52 millones de euros en 2011 pese a que sus ingresos fueron de apenas 2.7 millones. Dichos ingresos no alcanzan para cubrir ni el 5% de los gastos totales de la emisora. Peor aún: durante el ejercicio pasado, el gobierno de María Dolores de Cospedal aumentó la subvención a la TV autonómica en un 7%. Hablando del ejecutivo manchego, también vale la pena señalar que esta semana se ha publicado que el gobierno de Cospedal se gasta más de tres millones y medio al año en pagar a sus 86 asesores.
Pero volvamos de nuevo al pozo sin fondo que son las televisiones de las CCAAs. En Andalucía nos encontramos con una situación muy parecida a la que hemos descrito en Castilla-La Mancha. Según el último ejercicio, los ingresos por publicidad y ventas de Canal Sur son de 23.4 millones de euros, cifra escandalosamente inferior a los 155 millones de subvención que percibe dicho ente. Peor aún: en la rendición de cuentas anuales del Ejecutivo andaluz, la Corporación RTVA apenas refleja 309 de los 1.600 empleados que dijo tener en su última memoria, una nueva muestra de opacidad y falta de transparencia.
Por cierto: la Junta de Andalucía ha anunciado esta misma semana que se niega a cerrar sus 23 "embajadas autonómicas" en el extranjero. Esta presencia se extiende por casi una veintena de países, aunque también incluye centros de representación dentro de España. Por ejemplo, la oficina en Madrid en la que en su día trabajó Julián Martínez, pareja sentimental de la ex Ministra socialista Bibiana Aido.
Sin dejar las Autonomías, no pasa semana que no leamos nuevos ejemplos de despilfarro en Cataluña. El último titular significativo es el siguiente: Cataluña recibió 7.000 millones en ayudas de la UE entre 2007 y 2010. El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo Europeo Agrícola y de Desarrollo Rural (FEADER) y el Fondo Europeo de Pesca (FEP) transfirieron a Cataluña esta abultada cantidad de subsidios comunitarios en plena crisis. No obstante, la realidad de la comunidad no puede ser peor: su tejido industrial se ha debilitado enormemente y sus niveles de endeudamiento público son tan elevados que el gobierno central ha acabado "rescatando" al gobierno de Mas.
¿Suficiente? No se desesperen, que aún hay más. Por ejemplo, ¿qué opinan de que los Senadores gastasen en 2011 más de 50.000 euros en llamadas telefónicas a líneas "902" y similares? Según la información publicada, estos gastos telefónicos son más que habituales entre sus Señorías, ya que solamente en 2011 se registraron 18.000 llamadas telefónicas "premium", además de 16.000 envíos de SMS a concursos, juegos, programas de televisión...
Y no dejamos el Senado, porque esta misma semana, PP y PSOE rechazaron suprimir el presupuesto de traducción a lenguas autonómicas aprobado durante la pasada legislatura. UPyD planteó la medida en la Cámara Alta, pero los dos grandes partidos han rechazado la propuesta de la formación de Rosa Díez. Los contribuyentes seguirán pagando anualmente 330.000 euros por este concepto.
Pasemos ahora al ámbito municipal. Esta semana hemos leído que, pese a los ajustes aplicados por el consistorio de la capital de España, el Ayuntamiento de Madrid tendrá en 2014 más coches oficiales que el gobierno de la Nación. Mientras que el Estado central pasará a tener 103 vehículos, Madrid mantendrá 255. La situación era aún peor antes de la llegada de Ana Botella a la Alcaldía, ya que la administración local del ex Alcalde Ruiz-Gallardón tenía en cartera casi 400 vehículos oficiales. Si analizamos el parque de vehículos públicos en nuestro país encontramos que hay 11.000 más en los demás Ayuntamientos, así como más de 9.000 dependientes de gobiernos regionales.
Sería bueno poder ofrecer más datos sobre los despilfarros y excesos de los municipios españoles, pero esta semana hemos conocido que muchos consistorios ni siquiera han rendido cuentas ante el Tribunal de Cuentas. El organismo auditor sigue esperando que más de 5.000 ayuntamientos presenten sus cuentas anuales.
 LIBRE MERCADO

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