Aportaban la información de las empresas que podrían aprobar ERE y luego se beneficiaban de las subvenciones.
Hasta ahora se sabía que se llevaban un 1% del total presupuestado para la formalización de un ERE. Un reportaje de El País pone
de manifiesto que en realidad eran la pieza esencial de todo el
engranaje puesto que eran los que aportaban la información de las
empresas que podían ser susceptibles de ayudas y subvenciones en ERE, empresas objetivo
las llamaban, del que luego se beneficiaban intermediarios, las
consultoras, los propios sindicatos, los abogados y los "intrusos".
Según el diario de Prisa, cualquier observador del caso de los ERE debería dar un paso atrás para ver con perspectiva cómo la mayor parte de los beneficios ilícitos del millonario fraude se la llevaron las consultoras y los intermediarios. De un fondo público de 647 millones, ni los intrusos (prejubilados que nunca trabajaron en las empresas beneficiadas) ni las ayudas directas a empresas representaron un fraude tan descomunal y concentrado en pocas manos como el de las consultoras, cuyo porcentaje rondó entre el 15% y el 25% del costo total de los expedientes.
Los documentos intervenidos en la consultora Vitalia revelan los porcentajes de los "gastos externos" en el ERE de Mercasevilla, expediente que desencadenó el caso: de 3,6 millones de una prima, hasta 873.000 euros estaba destinado a la tajada de la consultora Vitalia (el 23,89%). De otra de 1,6 millones, hasta 335.000 euros (el 20%). La juez del caso ya ordenó a la Guardia Civil investigar las comisiones de las consultoras Vitalia y Uniter, pero de momento no hay conclusiones plasmadas en ningún atestado.
A priori, los responsables de estos altísimos porcentajes alegarán que ofrecían precios de mercado y la Junta aceptó pagar sus tarifas, aunque nadie sabe por qué eran necesarios estos intermediarios que incluso, cuando un trabajador moría, el dinero de su póliza no revertía a la Consejería de Empleo que había pagado, sino que la consultora se quedaba con ese capital.
Pero El País añade que en la causa solo está imputado el intermediario y exsindicalista de UGT Juan Lanzas, que en ocasiones percibió hasta un 5% del capital de un ERE cuando trabajó como comercial para Vitalia. Tanto el ex director comercial de Vitalia, Antonio Albarracín, como su empleado, Jesús María Bordallo, declararon ante la Policía pero no en sede judicial. El responsable de Uniter, José González Mata, no ha declarado ni ante la Policía ni en el juzgado. Ninguno de ellos está imputado.
"Lanzas cobra sus servicios de mediación de varios modos: emisión de informes, comisiones, cobro de pólizas de seguro cuya prima ha sido abonada por Vitalia, auto-prejubilarse en empresa, etc", destaca un informe policial.
El papel de los sindicatos
La cuestión es por qué la Junta y los sindicatos aceptaron el pago de un sobrecoste del 25% en las prejubilaciones que iban a parar a las consultoras e intermediarios cuando la comisión media se sitúa entre el 0,25% y el 1%". El montante de estas operaciones se disparó sin control durante los 10 años en los que el ex director general de Trabajo Javier Guerrero autorizó las subvenciones para los ERE. Y todo ello se hizo sin concurso público.
Casi la totalidad de los ERE presentados a la Junta durante la época de vacas gordas contó con financiación pública. Y numerosas empresas vieron un negocio redondo, animadas por los intermediarios. Pero el dato fundamental es que las empresas destinadas a percibir un ERE se captaban a través de la información que facilitaban los sindicatos que eran los que señalaban las "empresas objetivo". El País añade que "el papel desempeñado por algunos sindicalistas fue esencial para multiplicar los márgenes de ganancias de las consultoras."
La función de estas empresas era y es garantizar una renta de supervivencia durante los años que le restan al prejubilado hasta su jubilación pero mientras la Junta les pagaba a ellas al contado el coste total de las prejubilaciones, ellas pagaban a los trabajadores mensualmente dilatando el pago por muchos años, con evidentes ganancias.
Durante la última década el negocio de los ERE fue para las consultoras que, a su vez, repartieron dividendos con bufetes de abogados, sindicatos (UGT y CC OO, un 1% cada uno), intermediarios y conseguidores.
Según el diario de Prisa, cualquier observador del caso de los ERE debería dar un paso atrás para ver con perspectiva cómo la mayor parte de los beneficios ilícitos del millonario fraude se la llevaron las consultoras y los intermediarios. De un fondo público de 647 millones, ni los intrusos (prejubilados que nunca trabajaron en las empresas beneficiadas) ni las ayudas directas a empresas representaron un fraude tan descomunal y concentrado en pocas manos como el de las consultoras, cuyo porcentaje rondó entre el 15% y el 25% del costo total de los expedientes.
Los documentos intervenidos en la consultora Vitalia revelan los porcentajes de los "gastos externos" en el ERE de Mercasevilla, expediente que desencadenó el caso: de 3,6 millones de una prima, hasta 873.000 euros estaba destinado a la tajada de la consultora Vitalia (el 23,89%). De otra de 1,6 millones, hasta 335.000 euros (el 20%). La juez del caso ya ordenó a la Guardia Civil investigar las comisiones de las consultoras Vitalia y Uniter, pero de momento no hay conclusiones plasmadas en ningún atestado.
A priori, los responsables de estos altísimos porcentajes alegarán que ofrecían precios de mercado y la Junta aceptó pagar sus tarifas, aunque nadie sabe por qué eran necesarios estos intermediarios que incluso, cuando un trabajador moría, el dinero de su póliza no revertía a la Consejería de Empleo que había pagado, sino que la consultora se quedaba con ese capital.
Pero El País añade que en la causa solo está imputado el intermediario y exsindicalista de UGT Juan Lanzas, que en ocasiones percibió hasta un 5% del capital de un ERE cuando trabajó como comercial para Vitalia. Tanto el ex director comercial de Vitalia, Antonio Albarracín, como su empleado, Jesús María Bordallo, declararon ante la Policía pero no en sede judicial. El responsable de Uniter, José González Mata, no ha declarado ni ante la Policía ni en el juzgado. Ninguno de ellos está imputado.
"Lanzas cobra sus servicios de mediación de varios modos: emisión de informes, comisiones, cobro de pólizas de seguro cuya prima ha sido abonada por Vitalia, auto-prejubilarse en empresa, etc", destaca un informe policial.
El papel de los sindicatos
La cuestión es por qué la Junta y los sindicatos aceptaron el pago de un sobrecoste del 25% en las prejubilaciones que iban a parar a las consultoras e intermediarios cuando la comisión media se sitúa entre el 0,25% y el 1%". El montante de estas operaciones se disparó sin control durante los 10 años en los que el ex director general de Trabajo Javier Guerrero autorizó las subvenciones para los ERE. Y todo ello se hizo sin concurso público.
Casi la totalidad de los ERE presentados a la Junta durante la época de vacas gordas contó con financiación pública. Y numerosas empresas vieron un negocio redondo, animadas por los intermediarios. Pero el dato fundamental es que las empresas destinadas a percibir un ERE se captaban a través de la información que facilitaban los sindicatos que eran los que señalaban las "empresas objetivo". El País añade que "el papel desempeñado por algunos sindicalistas fue esencial para multiplicar los márgenes de ganancias de las consultoras."
La función de estas empresas era y es garantizar una renta de supervivencia durante los años que le restan al prejubilado hasta su jubilación pero mientras la Junta les pagaba a ellas al contado el coste total de las prejubilaciones, ellas pagaban a los trabajadores mensualmente dilatando el pago por muchos años, con evidentes ganancias.
Durante la última década el negocio de los ERE fue para las consultoras que, a su vez, repartieron dividendos con bufetes de abogados, sindicatos (UGT y CC OO, un 1% cada uno), intermediarios y conseguidores.
Libertad Digital
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