El sindicato CSI-F ha tachado de "nuevo abuso" de la Junta de Andalucía la subvención de 15,5 millones otorgada para la construcción de un centro de innovación en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) que tenía como destino albergar una fundación que fue eliminada anteriormente.
El sindicato estudia acudir a los tribunales por considerar que se
trata de un destinatario de la ayuda que ya no existe, que supone un
gasto innecesario y que la propia administración carece de interés por
rentabilizar la inversión.
Esta reacción del sindicato se produce tras publicarse el 3 de agosto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la subvención de 15,5 millones de euros para
el proyecto Construcción del Centro de Innovación Abierta (CIBIC) de la
Fundación Instituto de Innovación para el Bienestar Ciudadano.
Esta subvención se ha publicado en el BOJA seis meses después de que fuera aprobada
por el consejo de Gobierno. ELMUNDO de Málaga publicó el pasado 23 de
enero que la fundación destinataria ya no existía, eliminada en una de
las reorganizaciones de la Administración andaluza. La única actividad
en marcha es la construcción de un edificio en el PTA, aunque su
finalidad ya no será acoger una fundación inexistente. El 13 de agosto
pasado, este periódico publicó que la citada fundación ya no tenía
huella alguna, salvo en el cartel de las obras.
El sindicato denuncia ahora irregularidades en este proceso de concesión de la ayuda, además de considerar el enorme gasto que supone en
un momento en el que la Junta de Andalucía "no paga a proveedores,
recorta en servicios públicos, paraliza la contratación de personal en
el SAS ante la mayor demanda estival y no destina presupuesto para las
aulas matinales de los colegios, entre un largo conjunto de recortes".
Subraya el sindicato el carácter "excepcional" que se ha otorgado a esta subvención,
como recoge la resolución publicada en el BOJA, y cuestiona que se
pueda otorgar tal categoría. Recuerda que, según la Ley General de
Subvenciones, se pueden otorgar de forma directa cuando por su carácter
excepcional se dificulte la convocatoria pública o haya razones de
interés público, social, económico y humanitario.
En opinión del sindicato, ninguno de estos requisitos se cumple en
este caso. Además, la ayuda aprobada se "concede expresamente a una fundación fantasma, cuya extinción, hace más de un año, queda recogida por Consejo de Gobierno".
El sindicato añade que cuando se suprimió, las competencias de la
fundación pasaron a la Agencia Andaluza del Conocimiento. "Sin embargo,
desaparecida la fundación, su personal continúa prestando servicios para
la Junta de Andalucía -dice el sindicato en un comunicado- a pesar de
la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que suspende
su integración en la Agencia".
De este modo, CSI-F cuestiona tanto el carácter de la subvención,
como la cuantía de la misma y la fórmula para suprimir la fundación.
Mientras, en el PTA se sigue construyendo un edificio que de momento carece de contenido definido.
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