La Junta de Andalucía lleva 12 años pagando hasta 1.900 euros al mes a
algunos de sus altos cargos para que abonen el alquiler de las viviendas
en las que residen, tras haberse trasladado de sus ciudades de origen
para ejercer sus responsabilidades políticas.
El acuerdo para pagar estas ayudas se tomó en secreto en el año 2000 y no se dio información alguna.
Se trata de uno de los privilegios de los que disfrutan los altos cargos del Gobierno andaluz y que algunos sindicatos han solicitado que se supriman ahora, coincidiendo con el severo plan de ajuste impuesto por la Administración autonómica para poder cumplir el objetivo de déficit. Éste incluye una subida de impuestos, la paralización de las inversiones en obra pública y una drástica bajada salarial para los 262.000 trabajadores vinculados a la Junta, entre otras medidas.
A este privilegio de recibir hasta 1.900 euros al mes para pagar el alquiler pueden acceder los consejeros, viceconsejeros, secretarios generales, secretarios generales técnicos, directores generales, delegados del Gobierno, delegados provinciales y otros cargos asimilados nombrados por decreto.
Sólo es necesario que los altos cargos demuestren que su domicilio habitual está a más de 60 kilómetros de la sede del órgano del que sean titulares, según detalla el acuerdo de 31 de octubre del año 2000 del Consejo de Gobierno de la Junta, que obra en poder de EL MUNDO de Andalucía.
Por lo tanto, es posible que el alto cargo cuente con una vivienda en propiedad en la misma provincia donde le toque ejercer su responsabilidad y que esté cobrando la ayuda por el alquiler, al haberse desplazado desde un municipio a la capital, por ejemplo, si están separados por más de 60 kilómetros.
La Junta aprobó este acuerdo el 31 de octubre de 2000, durante un Consejo de Gobierno presidido por Manuel Chaves, y lo mantuvo en secreto, ya que ni lo publicó en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA), ni en la página de internet donde se cuelgan las referencias del Consejo de Gobierno. Tampoco lo repartió entre los periodistas que suelen acudir al Palacio de San Telmo a las conferencias de prensa que se celebran tras la citada reunión de los martes.
En el año 2000, cuando empezó a aplicarse este acuerdo, la cuantía máxima que pagaba la Junta a sus altos cargos por el alquiler de viviendas era de 1.186,35 euros -equivalente a 197.392 pesetas-, mientras que para el año siguiente estaba previsto aumentarlo a 1.210,08 euros -201.340 pesetas-, según recoge un documento interno de la Consejería de Economía y Hacienda al que tuvo acceso este diario.
Libre de impuestos
Tres fuentes distintas de toda solvencia han indicado que en la actualidad el tope máximo ronda los 1.500 euros, aunque, «dependiendo del caso», se llega a pagar hasta 1.900 euros al mes.
Las fuentes sindicales consultadas por este diario indicaron que, al tratarse de un «acuerdo» del Consejo de Gobierno y no de un decreto o cualquier otra normativa, no podría recurrirse ni en los tribunales ni ante la propia Administración.
Los altos cargos, además, cuentan con el privilegio de obtener esa cuantía en concepto de «indemnización» y libre de impuestos.
Así, por ejemplo, un alto cargo desplazado que alquile una vivienda por 1.200 euros al mes, recibirá esta cantidad de la Junta, además de la suma que podría reclamarle Hacienda en concepto de IRPF por dicho ingreso.
El acuerdo para pagar estas ayudas se tomó en secreto en el año 2000 y no se dio información alguna.
Se trata de uno de los privilegios de los que disfrutan los altos cargos del Gobierno andaluz y que algunos sindicatos han solicitado que se supriman ahora, coincidiendo con el severo plan de ajuste impuesto por la Administración autonómica para poder cumplir el objetivo de déficit. Éste incluye una subida de impuestos, la paralización de las inversiones en obra pública y una drástica bajada salarial para los 262.000 trabajadores vinculados a la Junta, entre otras medidas.
A este privilegio de recibir hasta 1.900 euros al mes para pagar el alquiler pueden acceder los consejeros, viceconsejeros, secretarios generales, secretarios generales técnicos, directores generales, delegados del Gobierno, delegados provinciales y otros cargos asimilados nombrados por decreto.
Sólo es necesario que los altos cargos demuestren que su domicilio habitual está a más de 60 kilómetros de la sede del órgano del que sean titulares, según detalla el acuerdo de 31 de octubre del año 2000 del Consejo de Gobierno de la Junta, que obra en poder de EL MUNDO de Andalucía.
Por lo tanto, es posible que el alto cargo cuente con una vivienda en propiedad en la misma provincia donde le toque ejercer su responsabilidad y que esté cobrando la ayuda por el alquiler, al haberse desplazado desde un municipio a la capital, por ejemplo, si están separados por más de 60 kilómetros.
La Junta aprobó este acuerdo el 31 de octubre de 2000, durante un Consejo de Gobierno presidido por Manuel Chaves, y lo mantuvo en secreto, ya que ni lo publicó en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA), ni en la página de internet donde se cuelgan las referencias del Consejo de Gobierno. Tampoco lo repartió entre los periodistas que suelen acudir al Palacio de San Telmo a las conferencias de prensa que se celebran tras la citada reunión de los martes.
En el año 2000, cuando empezó a aplicarse este acuerdo, la cuantía máxima que pagaba la Junta a sus altos cargos por el alquiler de viviendas era de 1.186,35 euros -equivalente a 197.392 pesetas-, mientras que para el año siguiente estaba previsto aumentarlo a 1.210,08 euros -201.340 pesetas-, según recoge un documento interno de la Consejería de Economía y Hacienda al que tuvo acceso este diario.
Libre de impuestos
Tres fuentes distintas de toda solvencia han indicado que en la actualidad el tope máximo ronda los 1.500 euros, aunque, «dependiendo del caso», se llega a pagar hasta 1.900 euros al mes.
Las fuentes sindicales consultadas por este diario indicaron que, al tratarse de un «acuerdo» del Consejo de Gobierno y no de un decreto o cualquier otra normativa, no podría recurrirse ni en los tribunales ni ante la propia Administración.
Los altos cargos, además, cuentan con el privilegio de obtener esa cuantía en concepto de «indemnización» y libre de impuestos.
Así, por ejemplo, un alto cargo desplazado que alquile una vivienda por 1.200 euros al mes, recibirá esta cantidad de la Junta, además de la suma que podría reclamarle Hacienda en concepto de IRPF por dicho ingreso.
epsimo y EL MUNDO
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