EL EXHAUSTIVO informe que la Guardia Civil ha elaborado sobre el chivatazo a
ETA supone un aval a la investigación del juez Pablo Ruz, pone al
descubierto la jugarreta con la que Gómez Bermúdez paralizó el verano
pasado el procesamiento de los principales implicados y señala al equipo
de Rubalcaba como probable autor de un delito de colaboración con banda
armada. Las nuevas pesquisas insisten en apuntar a García Hidalgo (ex
director general de la Policía), a Pamies (ex jefe superior del País
Vasco) y a Ballesteros (inspector) como responsables del soplo a los
terroristas.
Los 600 folios del informe ratifican la secuencia de los hechos tal y como la había descrito Ruz, y confirman la única lectura coherente de lo sucedido: que en plena negociación con ETA, el Gobierno quiso dar a la banda una muestra de buena voluntad, aun a costa de cometer así un delito.
El trabajo de la Guardia Civil desmonta las supuestas contradicciones que el Pleno de la Sala de lo Penal advirtió en el sumario y que le llevaron, hace ocho meses, a revocar el procesamiento de los tres imputados. Por ejemplo, los agentes dicen que los magistrados cuestionaron la relación de hechos basándose en el desfase que indicaba el cronómetro de la cámara, sin percatarse de que éste tenía tres minutos de retraso. Los guardias también descartan la hipótesis de las defensas de que fueran los policías que llevaron a cabo la investigación interna -el equipo de Carlos Germán- los autores del chivatazo.
El informe de la Guardia Civil debería servir ahora al instructor para retomar el proceso donde Gómez Bermúdez lo abortó. El entonces presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió, en una iniciativa sin precedentes, pedir al Pleno que se pronunciara sobre el procesamiento de los tres imputados, argumentando para ello la «complejidad e importancia jurídica» del asunto. Lo lógico hubiera sido que fuera la Sección Segunda -a la que correspondía el caso- la que tomara esa decisión, pero Gómez Bermúdez sabía que al menos tres de los cinco magistrados que la componían respaldaban la actuación de Ruz. Al final, los 14 jueces de la Sala de lo Penal determinaron que aún no había suficientes indicios de criminalidad contra los imputados.
Hay que tener presente que en ese momento -septiembre de 2011- quedaban sólo dos meses para las elecciones generales y que la posibilidad de procesar, en plena campaña, a altos cargos de la Policía hubiera supuesto un durísimo golpe para el PSOE. Más aún por cuanto el candidato de los socialistas era Rubalcaba, la persona que dirigía Interior cuando el chivatazo impidió detener a los responsables del aparato de recaudación de ETA y recuperar el dinero de sus últimas extorsiones.
La sospechosa actuación de Gómez Bermúdez queda retratada también por las conclusiones de la Guardia Civil. Cabe recordar que este magistrado había sido condecorado por Rubalcaba -y por lo tanto remunerado- hasta en tres ocasiones en dos años, en atención a los favores prestados. Suya fue la sentencia del 11-M.
Si como dice el informe de los agentes, el inspector Ballesteros entregó al dueño del bar Faisán el teléfono desde el que Pamies le advirtió de la inminente operación policial contra ETA, y el soplo fue acordado la noche anterior con García Hidalgo, Rubalcaba tendrá que dar a la sociedad algo más que explicaciones.
Los 600 folios del informe ratifican la secuencia de los hechos tal y como la había descrito Ruz, y confirman la única lectura coherente de lo sucedido: que en plena negociación con ETA, el Gobierno quiso dar a la banda una muestra de buena voluntad, aun a costa de cometer así un delito.
El trabajo de la Guardia Civil desmonta las supuestas contradicciones que el Pleno de la Sala de lo Penal advirtió en el sumario y que le llevaron, hace ocho meses, a revocar el procesamiento de los tres imputados. Por ejemplo, los agentes dicen que los magistrados cuestionaron la relación de hechos basándose en el desfase que indicaba el cronómetro de la cámara, sin percatarse de que éste tenía tres minutos de retraso. Los guardias también descartan la hipótesis de las defensas de que fueran los policías que llevaron a cabo la investigación interna -el equipo de Carlos Germán- los autores del chivatazo.
El informe de la Guardia Civil debería servir ahora al instructor para retomar el proceso donde Gómez Bermúdez lo abortó. El entonces presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió, en una iniciativa sin precedentes, pedir al Pleno que se pronunciara sobre el procesamiento de los tres imputados, argumentando para ello la «complejidad e importancia jurídica» del asunto. Lo lógico hubiera sido que fuera la Sección Segunda -a la que correspondía el caso- la que tomara esa decisión, pero Gómez Bermúdez sabía que al menos tres de los cinco magistrados que la componían respaldaban la actuación de Ruz. Al final, los 14 jueces de la Sala de lo Penal determinaron que aún no había suficientes indicios de criminalidad contra los imputados.
Hay que tener presente que en ese momento -septiembre de 2011- quedaban sólo dos meses para las elecciones generales y que la posibilidad de procesar, en plena campaña, a altos cargos de la Policía hubiera supuesto un durísimo golpe para el PSOE. Más aún por cuanto el candidato de los socialistas era Rubalcaba, la persona que dirigía Interior cuando el chivatazo impidió detener a los responsables del aparato de recaudación de ETA y recuperar el dinero de sus últimas extorsiones.
La sospechosa actuación de Gómez Bermúdez queda retratada también por las conclusiones de la Guardia Civil. Cabe recordar que este magistrado había sido condecorado por Rubalcaba -y por lo tanto remunerado- hasta en tres ocasiones en dos años, en atención a los favores prestados. Suya fue la sentencia del 11-M.
Si como dice el informe de los agentes, el inspector Ballesteros entregó al dueño del bar Faisán el teléfono desde el que Pamies le advirtió de la inminente operación policial contra ETA, y el soplo fue acordado la noche anterior con García Hidalgo, Rubalcaba tendrá que dar a la sociedad algo más que explicaciones.
epsimo y EL MUNDO
Ruz rechaza que existan contradicciones
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