CSI-F rechaza la reforma laboral y avisa de que hará frente, “caso a caso”, a los despidos de empleados públicos que se produzcan en toda España

 

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato más representativo en el ámbito de las Administraciones Públicas, manifestó hoy su rechazo al proyecto de reforma laboral aprobado hoy por la Comisión de Empleo del Senado, porque mantiene abierta la posibilidad de plantear EREs en el sector público. CSI-F convocará la próxima semana a su máximo órgano sindical para decidir las medidas que llevará a cabo durante los próximos meses en contra de esta medida “injusta y arbitraria”, que deja en el aire el despido de miles de trabajadores en el conjunto de las AA.PP., fundamentalmente en el ámbito local.

“CSI-F defenderá los intereses y el puesto de trabajo de los empleados públicos y la calidad de los servicios públicos, en todas las administraciones en las que se produzca un ERE, sea a nivel nacional, autonómico o municipal”, añadió en un comunicado el presidente del sindicato, Miguel Borra. A lo largo de los últimos meses, CSI-F ha mantenido reuniones con los diferentes grupos parlamentarios, y de manera especial con el PP por su mayoría absoluta en las cámaras, para intentar modificar la reforma. Las negociaciones han llevado al PP a modificar su posición inicial, si bien, la última redacción planteada en la Disposición Adicional Segunda de la Reforma Laboral no satisface las expectativas del sindicato, porque únicamente “establece una gradación en el despido”. Según la enmienda del PP, “tendrá prioridad de permanencia el personal laboral fijo que hubiera adquirido esta condición, de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, a través de un procedimiento selectivo de ingreso”.  CSI-F insiste en que la reforma “abre la puerta al despido de 700.000 personas en el conjunto de las AA.PP”. Estas personas han obtenido su plaza mediante un proceso selectivo, bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que marca la Constitución y que garantizan la calidad e independencia de los servicios públicos. Por tanto, cree que no es razonable modificar ahora las reglas del juego y permitir que puedan ser despedidos.

Además, el sindicato no está dispuesto a que se, confunda a los ciudadanos, responsabilizando de los problemas del país a los empleados públicos y a los servicios públicos, como la sanidad o la educación. Así, no admite que se les utilice como moneda de cambio de las políticas que marca Bruselas para reducir el déficit y recuperar la confianza de los mercados.
“Se está jugando con 700.000 familias, que en estos momentos tienen una intranquilidad total y absoluta. Además los “mercados” no han sido receptivos a las medidas contra la Función Pública que se han ido adoptando por los diferentes Gobiernos Nacionales, porque tienen claro que los Servicios Públicos y los Empleados Públicos no son el problema de España. Sin embargo, estamos convencido que sí que van a responder al rescate del sistema financiero, porque este sí que es uno de los problemas del desequilibrio de las cuentas en nuestro País.