EL GOBIERNO hacía ayer un canto al derecho a la información de todos los
ciudadanos tras aprobar el anteproyecto de Ley de Transparencia,
mientras al mismo tiempo rechazaba las comparecencias en el Congreso de
Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España, de
Rodrigo Rato y de su predecesor Miguel Blesa para dar explicaciones
sobre la crisis de Bankia.
La contradicción es evidente: se aprueba una norma en la que se obliga a
las Administraciones Públicas a facilitar información sobre contratos,
cuentas y procedimientos, pero a la vez el Gobierno veta tres
comparecencias solicitadas por el PSOE para esclarecer los motivos de la
nacionalización del cuarto banco del país y el coste que va a tener
para las arcas públicas.
Si no se logra ser transparente en lo grande, difícilmente se será en lo
pequeño porque el acceso a la información forma parte de una cultura
política y de una forma de ejercer el poder que es habitual en los
países nórdicos, pero que brilla por su ausencia en España, Italia y
otros países latinos.
La transparencia no se demuestra con frases grandilocuentes ni con leyes
que luego no se cumplen sino que es una práctica cotidiana que se
acredita con los hechos. En ese sentido, el anteproyecto aprobado ayer
sufre de una carencia esencial que hace dudar de que vaya a servir para
algo: que no incluye mecanismos coercitivos ni punitivos en caso de
incumplimiento de esas obligaciones de suministrar información.
La lectura literal de la reseña divulgada por el Gobierno sobre este
anteproyecto suscita las ganas de aplaudir porque estamos ante la
enumeración de unos bellos principios. Pero al final todo queda en manos
de la voluntad de los funcionarios, a los que se les proporciona la
coartada «del perjuicio al interés público» para no proporcionar una
información a los ciudadanos.
El anteproyecto establece que la Ley de Transparencia es aplicable a
todas las Administraciones Publicas, al Congreso, al Consejo General del
Poder Judicial, al Tribunal Constitucional y al sector público
empresarial. Pero hay tres importantes excepciones para las que no rige:
la Casa del Rey, los partidos y los sindicatos.
Como estas tres instituciones se financian con dinero público, no se
entienden las razones de por qué han sido excluidas de la obligación de
la transparencia. Da la impresión de que el Gobierno quiere
sobreprotegerlas.
Que
la nueva norma excluya a los partidos encaja perfectamente con la
negativa del Gobierno a que Rodrigo Rato comparezca en el Congreso, lo
que sin duda habría sido posible si el ex presidente de Bankia fuera
militante de UPyD o de Coalición Canaria. Pero Rato fue vicepresidente y
sigue siendo una referencia dentro del PP, por lo que es evidente que
el Ejecutivo ha actuado en este asunto con un criterio partidista.
El principio de rendición de cuentas -o accountability en términos
sajones- es esencial en cualquier democracia, por lo que Rato, Blesa y
Fernández Ordóñez tendrían que comparecer en el Congreso y responder a
las muchas preguntas que se formula la opinión pública. Ellos deberían
ser los primeros interesados en tener esa oportunidad para explicar su
actuación.
No hay democracia si el ciudadano no tiene acceso a la información que
sustenta las decisiones sobre cómo se gasta el dinero público o cuál es
el nivel de eficiencia de los servicios. La transparencia no reside en
crear un portal en internet, sino en esa permanente rendición de cuentas
de las instituciones del Estado a los ciudadanos y en la
correspondiente asunción de responsabilidades. Si no se da ni lo uno ni
lo otro, el texto aprobado ayer servirá para muy poca cosa. 
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