España necesita una estrategia para defenderse de los bandoleros socialistas

España necesita una estrategia para defenderse de los bandoleros socialistas 

 EL GOBIERNO español se ha esforzado en las últimas 48 horas en presentar la expropiación de la filial de Red Eléctrica en Bolivia como un hecho sustancialmente distinto a la confiscación de YPF por parte de Cristina Fernández de Kirchner. Pero por muchos matices que se quieran buscar para establecer diferencias, empezando por el tamaño de las dos empresas, estamos ante dos decisiones idénticas en cuanto a su contenido y motivación ideológica. El resultado ha sido el mismo: la nacionalización por decreto y sin aviso previo de dos compañías adquiridas legalmente.
Es cierto que, por lo menos, Evo Morales ha reconocido -al menos verbalmente- que Red Eléctrica tiene derecho a una compensación justa de los activos expropiados, mientras que Argentina no ha dado garantía alguna, aunque nuestro periódico publica hoy que el Gobierno de Buenos Aires ha dirigido una carta a la UE en la que dice que está dispuesto a pagar por YPF, aunque sin especificar quién va a establecer el precio. Pero tanto la expropiación de la compañía petrolífera argentina como de la red de alta tensión en Bolivia se han producido por una decisión unilateral de los Gobiernos y sin garantía jurídica alguna. Eso es lo que cuenta.
El Gobierno de Rajoy tiene serios motivos para alarmarse, ya que España es ahora el país con más intereses económicos en Latinoamérica, por delante de EEUU, con una inversión directa de casi 100.000 millones de euros. Telefónica, Iberdrola, Repsol, Endesa, Santander y BBVA han realizado fuertes apuestas en el continente. Muchas de estas empresas dependen de sus negocios al otro lado del Atlántico para poder repartir dividendos, máxime en estos momentos de crisis de la economía española.
Por ello, resulta absolutamente prioritario que el Gobierno, además de mostrar su firmeza frente a estas arbitrariedades, ponga en marcha una estrategia coherente para defender los legítimos intereses de las compañías españolas que han invertido en Latinoamérica. Para ello, se necesita una fortaleza política y una red de alianzas de la que carecemos y que es necesario construir.
Resulta evidente que ni Cristina Fernández ni Evo Morales se hubieran atrevido a adoptar estas medidas en la etapa de Aznar, cuando la economía española era más fuerte y nuestro Gobierno contaba con el apoyo de EEUU. Pero las circunstancias han cambiado y el peso de España en el mundo es hoy mucho menor, entre otras razones, por la errática política exterior de Zapatero.
En el caso de Bolivia, se ha echado en falta una posición más contundente de nuestro Gobierno. Pero ha habido también errores rayanos en el esperpento como el cometido por Antonio Brufau, presidente de Repsol, que el mismo día en que se anunciaba la nacionalización de la red eléctrica aparecía en público sonriente con Evo Morales en la inauguración de una planta de la empresa petrolífera en Cochabamba.
Brufau ha pedido y ha obtenido el apoyo de casi todas las fuerzas políticas y las instituciones españolas, pero él no ha actuado con la misma solidaridad con Red Eléctrica. Debería haber cancelado ese acto o, al menos, haberlo aprovechado para expresar su repudio a la expropiación. Si los empresarios españoles no son mínimamente solidarios entre ellos, difícilmente pueden pedir que el Estado o la comunidad internacional les respalde.
Pero lo esencial es ahora evitar que hechos como éstos se repitan en el futuro. Para ello, el Gobierno tiene que construir una estrategia de disuasión, que pasa por fortalecer nuestra presencia en el exterior y por buscar aliados que nos puedan ayudar en situaciones como éstas. Es una tarea difícil, pero no imposible, si se tienen claros los objetivos y se elige a los socios adecuados