NO
PARECE exagerado decir que España vuelve a estar al borde del abismo.
Los mercados castigaron ayer duramente a Italia y a nuestro país con un
fuerte aumento de la prima de riesgo y un desplome de las Bolsas, lo que
evoca de nuevo la posibilidad de una intervención europea para rescatar
a ambos.
Italia está sufriendo un varapalo por una reforma laboral que se ha quedado muy corta respecto a las expectativas suscitadas y España ha sido castigada en los últimos días por la tibieza y los titubeos de Rajoy a la hora de abordar el drástico ajuste presupuestario que se requiere para alcanzar el comprometido 5,3% de déficit sobre el PIB.
El primer ministro Monti y el presidente del BCE, Mario Draghi, han jugado en las últimas semanas a distanciarse del Gobierno de Rajoy, poniendo en cuestión su capacidad para sacar adelante la economía española. Pero sus palabras no han servido para eliminar las dudas sobre Italia, que se está viendo igualmente penalizada por el estancamiento de las reformas. Monti teme enfrentarse a los sindicatos y carece de un apoyo firme de los partidos de la derecha, que le pueden retirar su respaldo en cualquier momento. Ello ha creado un clima de notable incertidumbre política en Italia, cuya deuda supera la cuantía de su PIB.
Mariano Rajoy está sufriendo también un problema de credibilidad que no puede achacar a Zapatero, puesto que la prima de riesgo llegó a descender a menos de 300 puntos durante el mes de febrero. Ayer la prima de riesgo subió hasta los 434 puntos, lo que supuso un incremento del 8% en una sola jornada, debido a la reacción de escepticismo de los mercados ante el anuncio de recortar 10.000 millones de euros en gasto de sanidad y educación sin ofrecer concreción alguna.
Los mercados tienen la sensación de que Rajoy está perdiendo fuelle por diversas razones, entre ellas, la sensación de improvisación que está dando, las contradicciones entre sus ministros y los dirigentes del PP y su falta de convicción a la hora de afrontar el necesario ajuste del sector público. Estos problemas internos del Gobierno se suman a la falta de acuerdo en el seno de la UE para definir una estrategia contra la crisis, las reticencias de Alemania a aumentar el fondo de rescate y la paralización de los avances hacia la unión fiscal, condicionada por el desenlace de las próximas elecciones en Francia.
No hay duda de que, a pesar de este escenario hostil, Rajoy ha adoptado medidas importantes para sanear las cuentas públicas y devolver al país a la senda del crecimiento. No en vano ya ha tenido que soportar una huelga general. Pero los mercados tienen la percepción de que sus medidas han sido insuficientes, sobre todo en lo que atañe al control del gasto de las autonomías, cuyas transferencias del Estado van a volver a aumentar en 2012.
Las declaraciones de Esperanza Aguirre tras reunirse con Rajoy pusieron ayer el dedo en la llaga, ya que la presidenta madrileña abogó por la devolución de las competencias de educación, sanidad y justicia al Estado y por una profunda remodelación del modelo autonómico. Según sus cálculos, ello podría suponer un ahorro de 48.000 millones, lo que da una idea del coste que ha tenido la descentralización del Estado.
Lo que propugna Esperanza Aguirre no es nuevo. Hay que recordar que el informe del Consejo de Estado, emitido en febrero de 2009, ya proponía una reforma de la Constitución para delimitar las competencias entre el Estado y las autonomías. Zapatero prefirió meter ese informe en un cajón.
La revisión del modelo autonómico que plantea ahora la presidenta madrileña resulta oportuna y acertada porque no es posible mantener en estos momentos una estructura como la que se ha creado en las 17 comunidades que funcionan en muchos aspectos como Estados en miniatura.
La gran cuestión es cómo se puede hacer lo que propone Aguirre. Ni siquiera ella podría reformar el Estatuto de Madrid, ya que carece de la mayoría de dos tercios requerida. Pero podría avanzarse hasta cierto punto mediante la vía de la aprobación de leyes orgánicas que modificasen parcialmente los Estatutos de autonomía. Ese camino ofrece, sin embargo, muchas dificultades y topa con obstáculos legales, por lo que la alternativa más coherente sería un pacto de Estado entre PP y PSOE para modificar la Constitución.
Rajoy reaccionó negativamente a la propuesta de Aguirre, subrayando que «ni se plantea» este debate. Puede que él no quiera plantearlo, pero el motivo esencial por el que los mercados están zarandeando a España es precisamente por la incapacidad del Gobierno para controlar el gasto de las autonomías. Como decíamos ayer, tarde o temprano tendrá que enfrentarse al problema.
epsimo y EL MUNDO
Italia está sufriendo un varapalo por una reforma laboral que se ha quedado muy corta respecto a las expectativas suscitadas y España ha sido castigada en los últimos días por la tibieza y los titubeos de Rajoy a la hora de abordar el drástico ajuste presupuestario que se requiere para alcanzar el comprometido 5,3% de déficit sobre el PIB.
El primer ministro Monti y el presidente del BCE, Mario Draghi, han jugado en las últimas semanas a distanciarse del Gobierno de Rajoy, poniendo en cuestión su capacidad para sacar adelante la economía española. Pero sus palabras no han servido para eliminar las dudas sobre Italia, que se está viendo igualmente penalizada por el estancamiento de las reformas. Monti teme enfrentarse a los sindicatos y carece de un apoyo firme de los partidos de la derecha, que le pueden retirar su respaldo en cualquier momento. Ello ha creado un clima de notable incertidumbre política en Italia, cuya deuda supera la cuantía de su PIB.
Mariano Rajoy está sufriendo también un problema de credibilidad que no puede achacar a Zapatero, puesto que la prima de riesgo llegó a descender a menos de 300 puntos durante el mes de febrero. Ayer la prima de riesgo subió hasta los 434 puntos, lo que supuso un incremento del 8% en una sola jornada, debido a la reacción de escepticismo de los mercados ante el anuncio de recortar 10.000 millones de euros en gasto de sanidad y educación sin ofrecer concreción alguna.
Los mercados tienen la sensación de que Rajoy está perdiendo fuelle por diversas razones, entre ellas, la sensación de improvisación que está dando, las contradicciones entre sus ministros y los dirigentes del PP y su falta de convicción a la hora de afrontar el necesario ajuste del sector público. Estos problemas internos del Gobierno se suman a la falta de acuerdo en el seno de la UE para definir una estrategia contra la crisis, las reticencias de Alemania a aumentar el fondo de rescate y la paralización de los avances hacia la unión fiscal, condicionada por el desenlace de las próximas elecciones en Francia.
No hay duda de que, a pesar de este escenario hostil, Rajoy ha adoptado medidas importantes para sanear las cuentas públicas y devolver al país a la senda del crecimiento. No en vano ya ha tenido que soportar una huelga general. Pero los mercados tienen la percepción de que sus medidas han sido insuficientes, sobre todo en lo que atañe al control del gasto de las autonomías, cuyas transferencias del Estado van a volver a aumentar en 2012.
Las declaraciones de Esperanza Aguirre tras reunirse con Rajoy pusieron ayer el dedo en la llaga, ya que la presidenta madrileña abogó por la devolución de las competencias de educación, sanidad y justicia al Estado y por una profunda remodelación del modelo autonómico. Según sus cálculos, ello podría suponer un ahorro de 48.000 millones, lo que da una idea del coste que ha tenido la descentralización del Estado.
Lo que propugna Esperanza Aguirre no es nuevo. Hay que recordar que el informe del Consejo de Estado, emitido en febrero de 2009, ya proponía una reforma de la Constitución para delimitar las competencias entre el Estado y las autonomías. Zapatero prefirió meter ese informe en un cajón.
La revisión del modelo autonómico que plantea ahora la presidenta madrileña resulta oportuna y acertada porque no es posible mantener en estos momentos una estructura como la que se ha creado en las 17 comunidades que funcionan en muchos aspectos como Estados en miniatura.
La gran cuestión es cómo se puede hacer lo que propone Aguirre. Ni siquiera ella podría reformar el Estatuto de Madrid, ya que carece de la mayoría de dos tercios requerida. Pero podría avanzarse hasta cierto punto mediante la vía de la aprobación de leyes orgánicas que modificasen parcialmente los Estatutos de autonomía. Ese camino ofrece, sin embargo, muchas dificultades y topa con obstáculos legales, por lo que la alternativa más coherente sería un pacto de Estado entre PP y PSOE para modificar la Constitución.
Rajoy reaccionó negativamente a la propuesta de Aguirre, subrayando que «ni se plantea» este debate. Puede que él no quiera plantearlo, pero el motivo esencial por el que los mercados están zarandeando a España es precisamente por la incapacidad del Gobierno para controlar el gasto de las autonomías. Como decíamos ayer, tarde o temprano tendrá que enfrentarse al problema.
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