No hay industria más boyante en nuestro país que el sindicalismo de
clase (alta). Con unos ingresos fijos más que abultados, costes de
producción prácticamente inexistentes y exenciones fiscales de todo
tipo, si cotizaran en bolsa, UGT y CCOO formarían parte del IBEX 35.
¡Vaya que sí formarían!
Existe un gran desconocimiento acerca de las finanzas de los dos
grandes sindicatos de izquierdas, básicamente por dos razones: 1) sus
fuentes de financiación son tan numerosas, que un equipo de peritos
contratados por los propios sindicatos necesitaría no menos de seis
meses al año para identificar todos los cauces del trinque; 2) sus
cuentas no están sometidas al escrutinio de los organismos
fiscalizadores del estado, en contra de lo que afirman sus líderes, que
tampoco parecen muy por la labor de aportar luz al respecto: total,
mientras el dinero público fluya con abundancia, la supervisión no sería
más que una costosa excentricidad.
A pesar de la evidente injusticia, la paz social
y el relevante papel de las dos centrales mayoritarias de la izquierda
como "interlocutores sociales" facilitaron que se les adjudicara un
número impreciso de inmuebles, generalmente situados en las zonas más
nobles de las capitales de provincias, por los que no pagan un solo euro
de alquiler. Por no pagar, no pagan ni el IBI, que para eso Aznar se
encargó de elaborar otra ley que les declaraba exentos del susodicho.
Los dos grandes sindicatos disfrutan del usufructo de los edificios que
les fueron cedidos por el estado cuando se desarbolaron los sindicatos
verticales del Franquiense; edificios que, según la ley ad hoc
aprobada en su momento, formaban parte del patrimonio sindical incautado
durante la guerra civil y la inmediata posguerra. De nada sirvió a
algunos sindicatos hoy minoritarios pero entonces boyantes, como la CNT,
aducir que Comisiones Obreras se había fundado en los años sesenta y
que, por tanto, no podía haber sido objeto de incautaciones
patrimoniales treinta años antes.
A pesar de la evidente injusticia, la paz social
y el relevante papel de las dos centrales mayoritarias de la izquierda
como "interlocutores sociales" facilitaron que se les adjudicara un
número impreciso de inmuebles, generalmente situados en las zonas más
nobles de las capitales de provincias, por los que no pagan un solo euro
de alquiler. Por no pagar, no pagan ni el IBI, que para eso Aznar se
encargó de elaborar otra ley que les declaraba exentos del susodicho.
Con estas peculiares condiciones, el sindicalismo es una actividad
empresarial que sólo recoge beneficios sin apenas coste, porque ¿en qué
gastan el dinero los sindicatos? Una empresa al uso, además de pagar a
los trabajadores, ha de comprar materias primas, transformarlas,
establecer canales de distribución y vender sus productos. Con lo que le
queda, ha de pagar el impuesto de sociedades y el resto de tasas
fiscales y sociales exigidas por el estado.
Un sindicato realiza su actividad en unos locales que no le cuestan un
euro, recibe subvenciones para llevarlas a cabo... y se queda con el resultado empresarial
sin liquidar ninguno de los impuestos que todo contribuyente ha de
satisfacer si no quiere pasar las de Caín. Por no pagar, no pagan ni los
impuestos que deberían por los dividendos e intereses que les reportan
sus inversiones en los mercados financieros.
El único coste conocido que tienen es el de sus trabajadores, situación
de privilegio que no disfruta empresa alguna en un país civilizado.
La pregunta que nos hacemos llegados a este punto cae por su peso.
¿Cómo es posible que, teniendo tantísimos ingresos y unos gastos
ciertamente escasos, y estando como están exentos de tributación, UGT y
CCOO estén despidiendo trabajadores y haciendo eres a mansalva? A ver si tienen un ratito Méndez y Toxo y nos lo aclaran. Sólo por curiosidad.


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