jueves, 2 de febrero de 2012

Reforma fiscal para el 2012. "Todos los contribuyentes a la U.V.I."

La circunstancia de que el déficit previsto para 2011 se eleve del 6% previsto al 8% ha justificado (nos dicen), una serie de medidas que suponen un recorte del gasto de 8.914 millones de euros y una importante subida de impuestos de 6.275 millones de euros. Únicamente haremos una breve referencia  la subida de impuestos.
Incremento del Impuesto de Bienes Inmuebles.
En los dos años próximos, de forma transitoria y excepcional, se producirá un incremento del IBI que afectará a las viviendas que se sitúen por encima del valor medio de su municipio. Es decir, se subirá el impuesto a la mitad de las viviendas de cada población, con la intención (según el gobierno) de no penalizar a las rentas más bajas. El objetivo es que los ayuntamientos recauden 918 millones de euros adicionales y puedan conseguir los objetivos de déficit necesarios para alcanzar la estabilidad presupuestaria.
El incremento no es lineal para todos, sino que dependiendo de cuando se produjo la última revisión catastral, así será el incremento (cuanto más antiguo sea el valor, mayor será la subida, que va del 0 al 10%). Así, si la última revisión se produjo antes de 2002, subirá un 10%; si fue entre 2003 y 2005 subirá un 6% y si fue entre 2009 y 2012, un 4%. Y los que se revisaron entre 2006 y 2008 no tendrán subida, ya que la burbuja inmobiliaria provocó que dichos municipios tengan actualmente valores más altos.
Con el diseño de la medida nos encontraremos con personas que tengan una vivienda en localidades de alto poder adquisitivo que no sufran ningún incremento, mientras que personas que tengan una vivienda media-alta en municipios más modestos, tendrán que pagar el incremento. Además, siendo el IBI un impuesto progresivo, no parece que tenga mucho sentido trazar una línea que separe los inmuebles que registrarán subida y los que no. Se ha perdido la posibilidad de gravar las viviendas vacías, que en un principio pertenecen a personas que poseen más de una.
Modificaciones en el IRPF.
Se produce una subida de la cuota del IRPF que pagan los trabajadores en sus nóminas, que será entre un 0,75% (para el tramo de renta más bajo, a partir de 9.500 euros al año) y el 7% para aquellos que declaren más de 300.000 euros de base liquidable.
El porcentaje de subida para los próximos dos años en función de la base imponible será el siguiente:
 
Base liquidable general (a partir de €)    Tipo aplicable (porcentaje)
------------------0-----------------------------------------------------0,75
 --------------17.707,20--------------------------------------------2
 ---------------33.007,20-------------------------------------------3
 ---------------53.407,20-------------------------------------------4
--------------120.000,20-------------------------------------------5
--------------175.000,20-------------------------------------------6
--------------300.000,20-------------------------------------------7
Aunque el recargo sea progresivo, su impacto recaerá especialmente sobre el asalariado medio, reduciendo su capacidad adquisitiva, lo que desembocará en una caída de la actividad. Su entrada en vigor se producirá en febrero.
B) Subida de las rentas de capital, que crecen 2 puntos porcentuales hasta 6.000 euros; 4 puntos entre los 6.000 y los 24.000 euros; y 6 puntos para más de 24.000 euros
Base liquidable del ahorro (hasta €)    Tipo aplicable (porcentaje)
--------------------------0----------------------------------------------2
--------------------6.000,00-----------------------------------------4
------------------24.000,00-----------------------------------------6
Tampoco la presente medida servirá para reanimar la decaída demanda. Su entrada en vigor se ha producido el 1 de enero. No se ha pronunciado el Consejo de Ministros sobre si se mantiene la exención de dividendos de 1.500 euros.
Recuperación de la deducción para la compra de vivienda en propiedad.
La medida podrá ser aprovechada con efectos retroactivos por aquellos pocos que compraron  casa en 2010 y no pudieron acogerse a ella. Son los únicos afortunados que se ven favorecidos por las presentes medidas. Se trata de una medida con un alto coste para las arcas del Estado.
Sería deseable que la deducción se traslade, casi íntegramente, a los precios y se consiga reactivar el sector inmobiliario.
Modificación en el IVA.
Más que modificación podemos hablar de lo contrario: se amplía a todo el ejercicio 2012 la aplicación del IVA superreducido del 4% para la compra de vivienda nueva, en la línea de la recuperación de la deducción por compra de vivienda.
Lucha contra el fraude fiscal.
Se congela la tasa de reposición, errónea decisión,  salvo en Sanidad, Educación, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, e Inspección del Trabajo y Hacienda. El hecho de que no se congele la tasa de reposición en la Inspección de Hacienda, al menos supone una declaración de principios en cuanto a la persecución del fraude fiscal. En este sentido, el gobierno ha manifestado su voluntad de luchar contra la economía y el empleo sumergido dentro de un plan global antifraude que verá la luz en los próximos meses.
Todos estamos de acuerdo en su necesidad, pero también en que con una reducción de los medios personales y materiales no es posible. Incluso es insuficiente la tasa de reposición del 10% de los efectivos destinados a la inspección tributaria y laboral.
En la actualidad, la tasa de economía no declarada se ha estimado en el 23,3% del PIB, lo que supone cerca de 245.000 millones anuales, de los que el 65,9%, casi dos terceras partes (161.647 millones de euros) proceden del fraude fiscal y el tercio restante es fraude laboral. Si esta estimación es fiel a la realidad, con una reducción en diez puntos de la tasa de economía no declarada, se podrían recaudar cada año en torno a 38.000 millones de euros adicionales.
Para ello, además de mayores medios materiales y personales, serán necesarias medidas normativas con ese fin, la creación de una policía fiscal, la especialización de jueces y fiscales en materia fiscal o dificultar la utilización de los paraísos fiscales, entre otras medidas.

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