Garzón está en el banquillo por sus hechos
TRAS
AGOTAR todos los medios legales a su alcance, el juez Baltasar Garzón
tuvo que sentarse ayer en el banquillo del Tribunal Supremo, que le está
juzgando por presuntos delitos de prevaricación e interceptación ilegal
de las comunicaciones de los abogados de varios implicados en el caso
Gürtel. Es el primero de los tres juicios que el magistrado suspendido
de sus funciones tiene pendientes.
La vista oral comenzó en un clima de intimidación contra el tribunal que le debe juzgar, con presencia de algunos políticos, activistas y compañeros de Garzón que le vitorearon a las puertas del Supremo. Carme Chacón, candidata a la secretaría general del PSOE, afirmó poco después que a Garzón se le ha sentado en el banquillo «por perseguir la corrupción». Esto es sencillamente falso porque al juez se le acusa de haber ordenado la interceptación ilegal de las comunicaciones de tres abogados, cuya validez fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Garzón alegó ayer que espió a los abogados porque la Policía le había alertado de que los implicados podían intentar blanquear su dinero fuera de España. El juez que ha instruido el caso le acusa de haber autorizado unas escuchas «indiscriminadas» a «la generalidad» de los letrados, orden que se extendía según su auto «tanto a los abogados que actualmente atienden a los presos como a los que en el futuro pudieran asistirlos», lo cual suponía violar el secreto de defensa en base a una sospecha genérica y sin fundamentar en el propio auto del juez.
La vista oral comenzó en un clima de intimidación contra el tribunal que le debe juzgar, con presencia de algunos políticos, activistas y compañeros de Garzón que le vitorearon a las puertas del Supremo. Carme Chacón, candidata a la secretaría general del PSOE, afirmó poco después que a Garzón se le ha sentado en el banquillo «por perseguir la corrupción». Esto es sencillamente falso porque al juez se le acusa de haber ordenado la interceptación ilegal de las comunicaciones de tres abogados, cuya validez fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Garzón alegó ayer que espió a los abogados porque la Policía le había alertado de que los implicados podían intentar blanquear su dinero fuera de España. El juez que ha instruido el caso le acusa de haber autorizado unas escuchas «indiscriminadas» a «la generalidad» de los letrados, orden que se extendía según su auto «tanto a los abogados que actualmente atienden a los presos como a los que en el futuro pudieran asistirlos», lo cual suponía violar el secreto de defensa en base a una sospecha genérica y sin fundamentar en el propio auto del juez.
Garzón
declaró también ante el Supremo que no le interesaban las estrategias
de la defensa, pero gracias a las grabaciones pudo conocer la existencia
del pendrive que contenía pruebas incriminatorias contra Correa y
Crespo. El hecho es que el instructor disponía de una información
privilegiada gracias a la interceptación de esas comunicaciones.
La existencia de serios indicios de delito en la conducta de Garzón ha sido convalidada por distintas resoluciones del Supremo, dando así respaldo a las acusaciones particulares de los tres abogados que se consideran perjudicados. Por tanto, lo que verdaderamente está en juego es si Garzón es un ciudadano como los demás que debe responder ante la Justicia por unos actos que tienen toda la apariencia de ser delitos.
Esta sencilla verdad ha sido escamoteada por algunos partidos de izquierda, un sector marginal de la judicatura y varios grupos de comunicación, que recurren a una fantástica teoría de la conspiración para explicar por qué Garzón tiene tres procesos pendientes.
Según sus defensores, Garzón se sienta en el banquillo porque ha sido víctima de la pinza realizada por la izquierda judicial con una imaginaria extrema derecha política y mediática, que pretende pasarle factura por su implacable labor de persecución del crimen. Una teoría que, desgraciadamente para ellos, no se puede sustentar en ninguna base concreta y que se cae cuando se leen los autos del Supremo y se examinan los hechos con un mínimo de rigor.
Muchos de los que gritaban ayer a las afueras del Supremo y de quienes han ensalzado al juez tienen un pasado de apoyo a sangrientos dictadores como Castro, por lo que no es extraño que tiendan a despreciar las garantías consitucionales que Garzón ha pisoteado con su conducta. Pero no es recibo que una persona que aspira a liderar el PSOE como Carme Chacón se sume a esa rondalla. Cabe preguntarse cómo hubiera reaccionado si los espiados hubieran sido los abogados de dirigentes del PSOE en una causa cualquiera.
Garzón se ha comportado en este asunto como si el fin justificara los medios, olvidando que esa misma era la filosofía de la cúpula de Interior que él investigó en el caso GAL. Pero un Estado de Derecho funciona con una serie de garantías jurídicas que el juez ha ignorado, lo que justifica que el Supremo le haya sentado en el mismo banquillo en el que él contribuyó a sentar a unos altos cargos que vulneraron los derechos que debían proteger.
La existencia de serios indicios de delito en la conducta de Garzón ha sido convalidada por distintas resoluciones del Supremo, dando así respaldo a las acusaciones particulares de los tres abogados que se consideran perjudicados. Por tanto, lo que verdaderamente está en juego es si Garzón es un ciudadano como los demás que debe responder ante la Justicia por unos actos que tienen toda la apariencia de ser delitos.
Esta sencilla verdad ha sido escamoteada por algunos partidos de izquierda, un sector marginal de la judicatura y varios grupos de comunicación, que recurren a una fantástica teoría de la conspiración para explicar por qué Garzón tiene tres procesos pendientes.
Según sus defensores, Garzón se sienta en el banquillo porque ha sido víctima de la pinza realizada por la izquierda judicial con una imaginaria extrema derecha política y mediática, que pretende pasarle factura por su implacable labor de persecución del crimen. Una teoría que, desgraciadamente para ellos, no se puede sustentar en ninguna base concreta y que se cae cuando se leen los autos del Supremo y se examinan los hechos con un mínimo de rigor.
Muchos de los que gritaban ayer a las afueras del Supremo y de quienes han ensalzado al juez tienen un pasado de apoyo a sangrientos dictadores como Castro, por lo que no es extraño que tiendan a despreciar las garantías consitucionales que Garzón ha pisoteado con su conducta. Pero no es recibo que una persona que aspira a liderar el PSOE como Carme Chacón se sume a esa rondalla. Cabe preguntarse cómo hubiera reaccionado si los espiados hubieran sido los abogados de dirigentes del PSOE en una causa cualquiera.
Garzón se ha comportado en este asunto como si el fin justificara los medios, olvidando que esa misma era la filosofía de la cúpula de Interior que él investigó en el caso GAL. Pero un Estado de Derecho funciona con una serie de garantías jurídicas que el juez ha ignorado, lo que justifica que el Supremo le haya sentado en el mismo banquillo en el que él contribuyó a sentar a unos altos cargos que vulneraron los derechos que debían proteger.
epsimo y EL MUNDO
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