El Ejecutivo amplía los beneficios tras el anuncio del final de los atentados. Un terrorista que cumple condena en casa por enfermedad acusa a la Policía de torturas.
Aunque le quedan pocos días en el poder, los dirigentes del Ministerio del Interior quieren marcharse con el trabajo resuelto. Por ello, en las últimas semanas Instituciones Penitenciarias, dependiente del citado departamento, ha intensificado los movimientos de presos etarras en las cárceles españolas.
Así, según fuentes de Interior, son ya decenas los terroristas que han sido trasladados a módulos de segundo grado, junto a los presos comunes. Algo que hasta hace poco tiempo, según estas mismas fuentes, era un comportamiento nada habitual. El anuncio del “cese definitivo de la actividad armada” que hizo ETA el pasado 20 de octubre ha acelerado estos movimientos.
Poco antes de las elecciones generales LA GACETA denunció el traslado junto a presos comunes de varios etarras, entre ellos Martín Sarasola, uno de los condenados a más de 1.000 años de prisión por el atentado de la T-4 y que cumple condena en la cárcel de Jaén. Después, también este diario reveló que esta práctica se estaba llevando a cabo en otras dos prisiones: la de Córdoba y la de Algeciras. Ahora, las citadas fuentes aseguran que se trata de una constante en la mayoría de centros penitenciarios.
Los premios de Interior a presos etarras han sido una constante en los últimos años. Entre otras cosas, el departamento que ahora dirige Antonio Camacho y antes tuvo a Alfredo Pérez Rubalcaba al frente, ha enviado a sus domicilios a presos etarras que padecen enfermedades graves. Uno de esos agraciados es el terrorista confeso Bautista Barandalla Iriarte, quien ayer mismo pasó por la Audiencia Nacional. Ni corto ni perezoso, este personaje acusó a la Policía Nacional de “amenazas” y “malos tratos” para retractarse de sus declaraciones ante los agentes con la intención de exculpar a un presunto terrorista.
Juicio a Recarte
Estas acusaciones del etarras se escucharon durante el juicio que se celebró contra el presunto terrorista Juan Carlos Recarte Gutiérrez, acusado de formar parte del comando Amaiur (denominación cuanto menos llamativa) que asesinó en Pamplona en 1987 a María Cruz Yoldi, de 63 años, repartidora de periódicos y madre de seis hijos. Recarte fue detenido hace un año en México, adonde había huido en 1991, cuando supo que las Fuerzas de Seguridad le buscaban por el asesinato citado. Durante la vista, el acusado negó cualquier participación en el crimen y arguyó que se fue de España “por miedo”.
Su defensa pidió la libre absolución, mientras que la Fiscalía de la Audiencia y la acusación ejercida por la AVT solicitaron una condena de 43 años de cárcel.
Así, según fuentes de Interior, son ya decenas los terroristas que han sido trasladados a módulos de segundo grado, junto a los presos comunes. Algo que hasta hace poco tiempo, según estas mismas fuentes, era un comportamiento nada habitual. El anuncio del “cese definitivo de la actividad armada” que hizo ETA el pasado 20 de octubre ha acelerado estos movimientos.
Poco antes de las elecciones generales LA GACETA denunció el traslado junto a presos comunes de varios etarras, entre ellos Martín Sarasola, uno de los condenados a más de 1.000 años de prisión por el atentado de la T-4 y que cumple condena en la cárcel de Jaén. Después, también este diario reveló que esta práctica se estaba llevando a cabo en otras dos prisiones: la de Córdoba y la de Algeciras. Ahora, las citadas fuentes aseguran que se trata de una constante en la mayoría de centros penitenciarios.
Los premios de Interior a presos etarras han sido una constante en los últimos años. Entre otras cosas, el departamento que ahora dirige Antonio Camacho y antes tuvo a Alfredo Pérez Rubalcaba al frente, ha enviado a sus domicilios a presos etarras que padecen enfermedades graves. Uno de esos agraciados es el terrorista confeso Bautista Barandalla Iriarte, quien ayer mismo pasó por la Audiencia Nacional. Ni corto ni perezoso, este personaje acusó a la Policía Nacional de “amenazas” y “malos tratos” para retractarse de sus declaraciones ante los agentes con la intención de exculpar a un presunto terrorista.
Juicio a Recarte
Estas acusaciones del etarras se escucharon durante el juicio que se celebró contra el presunto terrorista Juan Carlos Recarte Gutiérrez, acusado de formar parte del comando Amaiur (denominación cuanto menos llamativa) que asesinó en Pamplona en 1987 a María Cruz Yoldi, de 63 años, repartidora de periódicos y madre de seis hijos. Recarte fue detenido hace un año en México, adonde había huido en 1991, cuando supo que las Fuerzas de Seguridad le buscaban por el asesinato citado. Durante la vista, el acusado negó cualquier participación en el crimen y arguyó que se fue de España “por miedo”.
Su defensa pidió la libre absolución, mientras que la Fiscalía de la Audiencia y la acusación ejercida por la AVT solicitaron una condena de 43 años de cárcel.
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