«Grecia ha aplicado durante decenios una mala política económica y ha vivido por encima de sus posibilidades. Un giro de 180 grados es inevitable y doloroso». Son palabras del economista jefe del BCE, Jürgen Stark, que resumen perfectamente el actual estado económico del país. Cuando siete de cada diez profesionales no pagan impuestos habitualmente quizá haga falta una generación para revertir la situación. Pretender que cambie toda una forma de ser en apenas un año es prácticamente imposible. Y eso es lo que están exigiendo a Grecia la Unión Europea, el BCE y el FMI.

Así se explica que tras unas ayudas de 110.000 millones de euros el Estado heleno esté prácticamente en la quiebra y tenga necesidad de un segundo rescate con el fin de evitar la suspensión de pagos. Grecia consiguió ayer el visto bueno de las autoridades internacionales para desbloquear 12.000 millones de las ayudas ya concedidas y obtener otro paquete de 60.000 millones para cubrir gastos adicionales en 2012 y 2013, ya que el país no podrá acudir a los mercados a refinanciarse debido a los intereses prohibitivos que exigen los inversores para comprar bonos griegos. A cambio, el Gobierno de Papandreu se compromete a reducir el gasto público pero, sobre todo, se ve obligado a un auténtico desmantelamiento del Estado, al tener que privatizar servicios públicos como correos, ferrocarriles, puertos y aeropuertos, o negocios como los casinos y las frecuencias radioeléctricas. En total, debe recaudar 78.000 millones de euros hasta 2015 para reducir el déficit del 10,5% al 3% del PIB en tres años. ¿Bastará con esto o será sólo el segundo escalón de una escalera que conduce al abismo?

El premio Nobel Joseph Stiglitz afirmó ayer durante su intervención en las jornadas del Círculo de Economía que los rescates son contraproducentes: «Se traspasa la deuda del sector privado al Gobierno, que tiene que responder con recortes que se trasladan a los ciudadanos. Esa austeridad provoca una caída general de salarios, de consumo y de impuestos que no hace sino empeorar las cosas». Los disturbios de estos días en Atenas, con agresiones a parlamentarios incluidas, prueban que en este caso tiene razón, porque el país vive un clima de tensión que puede desembocar en un estallido social.

Por eso, cabe plantearse si tras la experiencia fallida del primer rescate, no hubiera sido más conveniente permitir a Grecia una reestructuración de su deuda. Muchos expertos consideran que una quita aliviaría la pesada carga financiera que soporta la economía, por lo que podría estimular la inversión y el consumo públicos y privados y hacer que el país volviera a crecer.

El gran problema de la reestructuración es su repercusión en la banca europea, a la que ocasionaría grandes pérdidas. Sólo las entidades alemanas y francesas tienen comprometidos alrededor de 80.000 millones de euros en deuda helena. Una cantidad que los analistas estiman «manejable», pero que los gobiernos respectivos consideran muy peligrosa para los balances de las entidades. El Gobierno griego hubiera preferido la segunda solución, pero la UE ha optado por la menos gravosa para Europa y su banca, aunque sea la más perjudicial para los ciudadanos de aquel país. Unos ciudadanos, eso sí, malacostumbrados por gobiernos despilfarradores.

Volvemos al principio. El caso griego es único en la UE y el plan de privatizaciones que se le exige sirve para comprobar que está muchísimo peor que cualquiera de sus socios. Pero no debemos olvidar que cada país sólo saldrá de la crisis cuando ponga en marcha los cambios estructurales que necesita su economía. Si no reformas, te van a reformar. Y dudamos de que el débil Gobierno español esté en condiciones de hacerlo.

El Supremo antepone la libertad de expresión

EL TRIBUNAL SUPREMO ha absuelto a los cuatro neonazis a los que la Audiencia de Barcelona había impuesto penas de hasta tres años y medio de cárcel por difundir publicaciones que elogiaban el Tercer Reich y exaltaban el Holocausto. El Supremo argumenta que las «ideas no deben ser perseguidas judicialmente aunque sean execrables». El Código Penal castiga la incitación al genocidio y la discriminación racial, motivo por el que la Audiencia había condenado a estos nazis. El Supremo difiere de este criterio al entender que no hay delito por cuanto se trata de ideas expresadas en libros y revistas que hacen apología del nazismo pero que no incitan expresamente a la violencia, máxime cuando el Tercer Reich es ya historia. La frontera entre alabar el exterminio de seis millones de judíos y pasar a la acción es tenue, pero existe porque no es lo mismo decir una cosa que contribuir a llevarla a cabo. La decisión del Supremo nos parece cuestionable pero correcta porque ha optado por defender la libertad de expresión, aunque las ideas sean aberrantes, como sucede en este caso.

epesimo y EL MUNDO______________________

CONSECUENCIAS DEL 22-M:

Los grandes perdedores

Sangría en el PSOE: "¿Qué va a pasar conmigo?"

El batacazo electoral en el PSOE tiene un claro efecto ERE en el partido: 2.262 concejales, 55 escaños autonómicos y cientos de altos cargos menos.
Fractura en el PSOE andaluz
El PSOE puede perder el símbolo del clan de Alcalá

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Rubalcaba se estrena como sucesor de Zapatero con guiños a los indignados

Emilio J. González El candidato de la demagogia

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A YOGUI Y BUBÚ:

El paro les importa un pepino
Gobierno, patronal y sindicatos tenían cinco millones de razones para llegar a un acuerdo que pusiera punto final a una legislación obsoleta y corporativista, y han sido incapaces de hacerlo.

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