MENOS de cuatro meses ha durado la ocurrencia del Gobierno de limitar a un máximo de 110 kilómetros por hora la velocidad de circulación por autopistas y autovías. A partir del próximo día 1 de julio, el tope vuelve a ser el habitual de 120 kilómetros, según acordó ayer el Consejo de Ministros.

Dijimos en su día que la medida era una extravagancia del Gobierno y que carecía del menor sentido y los hechos nos han dado la razón porque no ha servido para nada. Tampoco para ahorrar combustible, como aseguró ayer Rubalcaba.

Por ello, da la impresión de que el Gobierno ha jugado con los límites de velocidad por puro electoralismo, por meras razones de conveniencia política que le impulsan un día a adoptar una medida y, al poco tiempo, la contraria en función de su impacto en la opinion pública.

Creemos, sin embargo, que el Gobierno ha acertado al rectificar porque carecía de sentido establecer unas limitaciones de velocidad en base al precio del crudo, algo que no sucede en ningún país del mundo. Todos los expertos coinciden en que los topes de velocidad deben ser fijados en función del peligro de la vía y de las circunstancias climatológicas y no de consideraciones de tipo económico o energético.

Rubalcaba cuantificó ayer en unos 450 millones de euros el coste del combustible ahorrado durante estos cuatro meses, pero el cálculo es muy discutible por la sencilla razón de que la carestía de la gasolina ha empujado a muchos conductores a dejar su vehículo en casa. Esta es la verdadera razón de ese ahorro, ya que, según muestran las estadísticas, la circulación diaria ha vuelto a los niveles de 2005 por la crisis.

En congruencia con esta disminución del tráfico, la recaudación fiscal por combustibles ha ido bajando según avanzaba el año, lo que supone que el Estado ha dejado de ingresar una suma cercana a los 200 millones de euros desde marzo, un factor nada desdeñable en unos momentos en los que el Gobierno se ha fijado como prioridad la reducción del déficit. La ministra de Economía apoyó la vuelta a los 120 kilómetros al entender que va a favorecer el aumento de la recaudación, lo cual está por ver.

Pero el más discutible de los argumentos que barajó ayer Rubalcaba es que el precio del crudo ha descendido a 106 euros por barril, nueve euros menos que cuando la medida entró en vigor, y ello hace innecesario seguir ahorrando. Lo que dice el vicepresidente parece aventurado ya que estamos seguramente ante una bajada de precios provisional, motivada por la salida al mercado de las reservas estratégicas. Por el contrario, los combustibles acostumbran a subir en julio y agosto como consecuencia del aumento de la demanda por los desplazamientos vacacionales. Si ello sucede, ¿volverá el Gobierno a cambiar el límite de velocidad para consumir menos?

Hay que insistir en que nos parece correcto que el Gobierno haya rectificado una disposición absurda y que no ha tenido ningún efecto constatable, pero ello también pone de relieve la frivolidad con las que se toman muchas decisiones que parecen dictadas por el deseo de distraer a la opinión pública de los graves problemas del país.

En este sentido, este chusco episodio sirve como síntoma de la desorientación de un Gobierno que ni acierta en las grandes decisiones ni en las pequeñas. Ayer quedó retratado al dar marcha atrás en una medida que ha estado en vigor durante cuatro meses y que no ha servido para nada.

Zapatero dice bla bla bla (que les obligará a«cumplir toda la ley»),como las sentencias en Cataluña

Rubalcaba: «Hoy están donde están, pero mañana una mayoría puede quitarles»

Primero se pronunció Zapatero y después Rubalcaba, pero el mensaje fue el mismo: el Gobierno advierte a la coalición abertzale Bildu, instalada ahora en puestos institucionales clave en el País Vasco, de que le obligará a cumplir con todas las leyes de la democracia.

El Ejecutivo ha lanzado este aviso a la formación después de que ésta haya iniciado una andadura política desafiante con las normas del Estado de Derecho. «Van a tener que cumplir toda la ley», afirmó tajante Zapatero.

El presidente admitió que no le «gusta nada» que la coalición, integrada por EA, Alternatiba e independientes abertzales, haya conseguido el gobierno de la Diputación de Guipúzcoa y del Ayuntamiento de San Sebastián, e incluso les recordó que «no tienen mayoría» en estas instituciones, algo que, en su opinión, debería inducir a la «reflexión» a las demás fuerzas del País Vasco.

El vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, ahondó más en este último aspecto. También él asegura ahora que hubiera preferido un pacto diferente entre los partidos vascos que impidiera la llegada de Bildu al poder y, aunque no quiso citar expresamente a ninguno, a todas luces apuntaba a la incapacidad del PNV y del propio PSE de llegar a un acuerdo para poner freno a los radicales. Pese a este malestar, ni el presidente ni su número dos hicieron referencia a los destacados miembros del Partido Socialista que se pronunciaron a favor de legalizar la coalición antes de que el Constitucional dijera la última palabra.

Ayer, sin embargo, Rubalcaba avanzó un paso más que Zapatero y llegó a sugerir la posibilidad de que el PSE y el PP intenten negociar con el PNV -llegado el caso- la presentación de una moción de censura que expulse a Bildu del gobierno del Ayuntamiento de San Sebastián y de la Diputación guipuzcoana.

«La coalición no tiene mayoría; hoy están donde están, pero la situación puede cambiar porque mañana una mayoría democrática puede quitarles de donde están», avisó el vicepresidente después de calificar el primer discurso institucional del nuevo presidente de la Diputación General de Guipúzcoa, el independiente Martin Garitano, de «infumable».

Garitano llegó a equiparar a las víctimas de ETA con sus verdugos y habló de la necesidad de que los 40 años de terrorismo etarra se salden «sin vencidos». A estas palabras, Rubalcaba respondió ayer recalcando su intención de «no variar ni una coma de la política antiterrorista hasta que ETA desaparezca».

El vicepresidente recordó, además, que Bildu ha entrado en las instituciones porque el Tribunal Constitucional decidió que la coalición era legal y, posteriormente, los ciudadanos vascos la votaron. De esta manera, Rubalcaba desechaba cualquier pretensión de achacar al Ejecutivo alguna responsabilidad en la legalización de la formación abertzale. Ahora, la intención del Gobierno es «estar encima» de Bildu para que cumpla escrupulosamente con la ley.

También se pronunció ayer el presidente del TC, Pascual Sala, uno de los seis magistrados que votaron a favor de que Bildu concurriera a las elecciones. Sala advierte ahora de que la formación puede ser ilegalizada si no cumple con la Ley de Partidos y con la de Régimen Electoral .

epsimo y EL MUNDO_____________________

Jaula de grillos

Un Gobierno en descomposición en el que cada uno va por su lado.