UNA AMPLIA mayoría de los ciudadanos tiene muy claro que lo mejor para España en estos momentos es el adelanto de las elecciones. Eso es lo que piensa el 57% de los españoles -diez puntos más que hace dos meses-, según la encuesta que EL MUNDO publica hoy. Por el contrario, solamente un 36% es partidario de agotar la legislatura. Realmente resulta muy difícil creer en la capacidad del Gobierno para afrontar la crisis tras la apabullante derrota electoral y la pérdida de credibilidad de Zapatero tanto ante la opinión pública como en su propio partido.
Zapatero no tiene ni siquiera asegurada la mayoría parlamentaria para gobernar, como le recuerda hoy en estas páginas Iñigo Urkullu, líder del PNV. «Veo débil al Gobierno, que necesita apoyos que a día de hoy no tiene garantizados», declara Urkullu. El dirigente peneuvista considera un serio obstáculo para respaldar al Ejecutivo el acuerdo que mantienen el PSOE y el PP en el País Vasco. Pero ello no le impidió votar a favor de los Presupuestos del Estado en diciembre pasado a cambio de la transferencia de competencias en materia de formación de empleo y de importantes inversiones del Estado.
El PNV no tiene nada que ganar en un adelanto electoral, que podría dar la mayoría absoluta al PP y seguir impulsando el fenómeno Bildu. Por lo tanto, cabe pensar que Urkullu va de farol y estaría dispuesto a seguir apoyando leyes e incluso unos nuevos Presupuestos si el Gobierno de Zapatero corresponde de manera generosa.
Si el PSOE antepusiera los intereses de los ciudadanos a los suyos, convocaría elecciones para no verse sometido al seguro chantaje de los nacionalistas. Pero Zapatero y Rubalcaba se han empeñado en agotar la legislatura, confiando en que pueda haber una mejora de la economía a finales de este año o a comienzos del siguiente. Los dirigentes socialistas siguen sin ser conscientes de la magnitud de la derrota electoral del 22-M y de lo que ello significa, y se aferran a esas expectativas ilusorias sin asumir el calvario político y económico que le espera a este Gobierno.
A este respecto, llama poderosamente la atención la falta de autocrítica en la dirección del PSOE, que minusvalora la desventaja de 14 puntos en la que coincidían ayer sendas encuestas publicadas por EL MUNDO y otro diario de muy distinto perfil que procuraba camuflar el dato. Esos 14 puntos demuestran que la designación de un nuevo candidato no ha tenido ningún efecto positivo en el electorado socialista, en contra de lo que suele ser habitual. Por el contrario, la renuncia a unas auténticas primarias y la dualidad que se empieza a vislumbrar entre Zapatero y Rubalcaba han contribuido, sin duda, a que esa desventaja que indican las encuestas se haya ido agrandando.
El PSOE explica su hundimiento como «un fenómeno coyuntural» que «nada tiene que ver con las primarias». Una actitud que concuerda con su negativa a abrir un debate interno y a asumir los disparates cometidos por el Gobierno de Zapatero en la gestión de la crisis. Su discurso se centra en echar la culpa al PP de todos los males que sufre nuestro país, fingiendo ignorar que Zapatero lleva más de siete años al frente del Ejecutivo. Da la sensación de que el PSOE ha empezado a caminar hacia atrás, como los cangrejos.
El presidente insiste en público y en privado en que va a aguantar hasta marzo del año que viene. Pero lo mal que ha gestionado la crisis de los pepinos y la ruptura de las conversaciones para reformar la negociación colectiva demuestran que el Gobierno carece de consistencia para afrontar los problemas. Peor todavía, Zapatero sigue sin darse cuenta de lo nocivo que está resultando lastrar a todos los españoles con la huida hacia atrás de su partido.
EL GOBIERNO cree que el Constitucional legalizará Sortu, el partido de la izquierda abertzale que no pudo concurrir a las elecciones por decisión del Supremo. Según publica hoy EL MUNDO, los mismos magistrados que fallaron que la coalición Bildu era legal se inclinan por aceptar el recurso de Sortu con similares argumentos. El principal es que no existen pruebas concluyentes de su dependencia de ETA. Los magistrados del TC consideran que no se puede ilegalizar preventivamente a una formación política que acepta en sus estatutos las reglas democráticas. Como hemos reiterado, esa visión de las cosas es angelical porque, como revelan los informes policiales, Sortu y Bildu son instrumentos de la banda para volver a las instituciones. Una Sortu legal, además, sería un estímulo más consistente para los proetarras que Bildu, en la que ETA puede tener más difícil tomar decisiones. Si el TC legaliza Sortu, el partido de ETA podría volver a disponer de sus sedes, reconstruir su estructura con subvenciones y presentarse a todas las elecciones. Un gigantesco paso atrás del que sería también responsable el Gobierno. Igualmente sospechoso es el hecho de que no se haya producido ninguna detención de etarras desde el 14 de abril, lo que podría ser interpretado por algunos como signo de un pacto con la izquierda abertzale. Y no hay que olvidar el último informe de Europol, en el que se afirma que ETA está aprovechando la tregua para «centrarse en su propia reorganización.
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