La polémica sobre un posible recorte en el sueldo de los funcionarios contrasta con latodavía escasa transparencia y ética de algunas remuneraciones de políticos y directivosLas crisis económicas siempre están plagadas de contrariedades e imágenes grotescas. La que nos ha tocado sufrir en los últimos tres años –y que todavía deja sentir sus efectos– no es una excepción. De una debacle financiera se ha pasado a las mayores tasas de destrucción de empleo, no solo en España, sino en países tan ejemplares desde el punto de vista laboral como Alemania, Japón o Estados Unidos.
Todo empezó con unas hasta entonces desconocidas hipotecas subprime (o basura), que en EE UU se extendieron como una gran mancha de aceite que pringó los balances de multitud de entidades financieras. Decenas y decenas de bancos, entre ellos el banco de inversión más grande del mundo, Lehman Brothers, quebraron, provocando el pánico en los mercados y una obsesión por la austeridad como nunca antes se había visto en los gobiernos más poderosos del mundo.
Esa austeridad se ha traducido en drásticos recortes económicos y sociales, que han afectado especialmente a millones de trabajadores. La primera imagen grotesca es ver cómo millones de personas en España y decenas de miles en Galicia –sin citar el resto del mundo– se han quedado sin empleo debido a las decisiones arriesgadas y erróneas que tomaron previamente un grupo reducido de directivos. En España, uno de los casos más escandalosos es el de las cajas de ahorros, que apostaron casi ciegamente por el auge del sector inmobiliario. El posterior desplome del ladrillo ha debilitado sus balances hasta el punto de provocar una oleada de fusiones para concentrar el sector y camuflar problemas, según apuntan algunos de los expertos consultados. El gobernador del Banco de España antes y durante la crisis, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, tenía datos sobre lo que se estaba cocinando, como atestiguan las advertencias del propio organismo en 2006, pero se dejó llevar por la inercia expansiva de la economía.
Los ajustes aprobados en junio de 2010, un mes después del rescate de Grecia por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI), incidieron en el recorte de los salarios de los empleados públicos, que se redujeron un 5% en 2010, lo que también incluyó gran parte de sus pagas extra (la reducción es sobre la masa salarial, no el salario base). Ese salario se congeló para este ejercicio. También se aprobó la reforma laboral, que facilita el despido más barato (20 días de indemnización de indefinidos si la empresa alega problemas económicos o de otra índole). La subida del IVA y de otros impuestos hicieron el resto. El poder adquisitivo de los ciudadanos se ha ido reduciendo paulatinamente en el último año, a lo que ahora se suma el repunte desmesurado e imparable de la inflación, que roza el 4%. La aprobación del aumento de la edad de jubilación hasta los 67 años es otro de los ajustes que se aplican al grueso de la clase trabajadora. Todo el mundo sabe quién aprueba esos recortes, pero ¿quién recorta al que recorta?
TEMA DELICADO
Hace poco más de una semana, fuentes próximas al Ministerio de Hacienda filtraron que se estaba preparando una nueva rebaja en los salarios públicos para cumplir con el Programa de Estabilidad 2011-2014 remitido por el Gobierno a Bruselas. Aunque el Gobierno niega que prepare nuevos recortes para este colectivo, los funcionarios temen perder la paga extra de Navidad de forma “permanente”.
Este temor abre de nuevo el debate sobre qué medidas se deben tomar y sobre quién deben recaer. El Ejecutivo sabe que cualquier ajuste a nivel estatal tiene que aplicarse sobre el grueso de la población para que sea efectivo. El malestar social actual se debe a que los que están pagando los platos rotos de la crisis de modo casi exclusivo son aquellos que no la causaron. Los políticos son el principal objetivo de las críticas de los empleados públicos.
Desde CSIF denuncian que los diputados cobran sueldos muy elevados. Entre 2006 y 2009, cuando España ya llevaba más de año y medio en crisis, algunos representantes políticos, como el presidente del Congreso o los portavoces parlamentarios, se subieron más de un 7% el sueldo, mientras que la gestión que hicieron de la crisis no fue todo lo efectiva que se deseaba. Fue en mayo de 2010 cuando, ante la debacle general y por pudor, se redujeron un 10% el salario. Actualmente, José Bono, el presidente de la Cámara Baja, cobra más de 11.000 euros mensuales tras la rebaja, mientras que los sueldos de un portavoz superan con creces los 5.000 euros. Todo esto sin tener en cuenta las indemnizaciones y otros gastos, que pueden sumar una cantidad que supera de largo los 2.000 euros al mes. Según indicaron técnicos de Hacienda, las dietas y los complementos de los diputados –exceptuando los complementos por ser miembro de mesa– están exentos de pagar impuestos. En el caso de Bono, por ejemplo, el 50,7% de su salario no tributa a Hacienda (más de 6.000 euros mensuales), y esto sin incluir otras partidas. ¿Es ético que con estos sueldos no se tribute por más de la mitad?
La Constitución Española, en su artículo 71.4, establece que los diputados percibirán una asignación económica “que les permita cumplir eficaz y dignamente su función”, a lo que se suman ayudas e indemnizaciones por gastos que “sean indispensables”. La Constitución no marca en euros qué se entiende por un salario digno y es cierto que en otros países europeos los políticos están mejor remunerados. El alcalde de Ferrol, Vicente Irisarri, que en su momento fue señalado como el regidor gallego mejor pagado, defiende que los políticos deben tener unos salarios altos para atraer a grandes profesionales al mundo de la política. Con su criterio coinciden algunos expertos, que argumentan que alguien que dirige la economía de un país, autonomía o ciudad se merece un sueldo similar al de un alto ejecutivo de cualquier compañía, debido a la responsabilidad a la que tiene que hacer frente.
Sin entrar en la polémica sobre lo abultado o no de los salarios de los políticos, la cuestión de que muchos de ellos no tributen del 30% al 60% de sus ingresos no tiene mucho sentido. Entre los planes de la Agencia Tributaria para este año está el perseguir con mayor énfasis el empleo sumergido para reducir el fraude fiscal y así recabar ingentes cantidades de dinero para las arcas públicas, que han visto reducidos sus ingresos a la mitad desde que comenzó la crisis. Precisamente, los que tienen que velar por una más eficiente recaudación del Estado son los que no cumplen todas sus obligaciones con Hacienda. Los ciudadanos, mientras tanto, soportaron en 2010 una importante subida de impuestos, que se evidencia en un espectacular aumento de la recaudación por IVA (más del 40% de subida), que es el impuesto más regresivo socialmente. Todo esto en un contexto en el que la tasa de paro escala por encima del 21% y hay casi un millón y medio de familias sin ningún tipo de ingreso. Pero los recortes a los que mandan solo los pueden decidir ellos mismos. Durante la actual crisis tardaron más de dos años en reducir su sueldo.
Sin embargo, el caso de los políticos no es el único. El germen de la crisis se gestó en el sector financiero, uno de los que trabaja con más beneficios. El año pasado se produjeron muchas operaciones de concentración de cajas, que enviaron para su casa a decenas de miles de trabajadores (más de 1.200 en Galicia). Ese mismo año, los consejeros de una veintena de entidades, como publicó el diario Expansión, se subieron el sueldo. Algunas indemnizaciones millonarias en varias entidades, entre ellas la gallega NCG, han provocado la indignación en la plantilla, que ahora tiene que negociar una rebaja salarial de hasta 6.000 euros anuales por empleado. Ver para creer.
ZAPATERO, EL EMBUSTERO, MINTIÓ TAMBIÉN EN EL CASO ALAKRANA
En plena campaña electoral, el diario ABC ha tenido el acierto de publicar un reportaje de Paloma Cervilla en el que queda palmariamente demostrada la mentira de Zapatero sobre el rescate del barco atunero Alakrana en el año 2009. El presidente declaró entonces que el Gobierno no había pagado un céntimo a los piratas y que había trabajado siempre en la más estricta legalidad.
Claro que todos los españoles celebramos entonces el rescate de nuestros compatriotas. Claro que en medio mundo se rasgaron las vestiduras porque pagar a los piratas significa alentarles a que perpetren nuevas fechorías. Pero dejemos al margen ese debate. Lo que ha desvelado ABC es que Zapatero, el embustero, mintió una vez más, y descaradamente, a la opinión pública. No quería conflictos y pagó sin rechistar. El presidente se ha ganado a pulso el adjetivo de dadivoso.
Zapatero I el de las mercedes concedió a los secuestradores la generosa dádiva de 11.000.000 de dólares, arrojados en dos cilindros metálicos sobre el barco secuestrado desde una avioneta alquilada.
Incapaz de decir la verdad, de afrontar el desgaste que, ante la opinión pública, sobre todo la mundial, suponía la maniobra negociadora, el presidente Zapatero mintió. Descubierta ahora la realidad de aquella operación, parece obligado que se exijan responsabilidades al presidente y a los ministros que intervinieron en la sucia operación, entre ellos a Carmina Chacón, que afirmó en su día: “Lo dijimos una y muchísimas veces, el Gobierno no paga rescates”.
de la Real Academia Española
El Gobierno pagó 11 millones de dólares para la liberación del Alakrana
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