En primer término, familiares de la víctima, entre ellos la hija y la hermana del fallecido, que ayer por la mañana siguieron la vista oral. / Alberto Benavente. El hecho de que un preso sea agredido por otro con violencia en un módulo con vigilancia, como sostienen las acusaciones en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Segovia contra un interno del Centro Penitenciario de Segovia, ha motivado que todas las partes, a excepción del abogado del Estado, consideren al Ministerio del Interior responsable civil subsidiario.
En su momento, fuentes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias llegaron a comentar a EL ADELANTADO que los hechos ahora juzgados podían ser producto de “la mala suerte” y hablaron de “una pequeña pelea entre dos reclusos, mientras que el fallecido acudió a la riña, se desconoce si con intención de separar a los contendientes, pero en la trifulca cayó al suelo y se golpeó en la cabeza”.
El letrado de la acusación particular sostuvo que “no hay dinero que devuelva a los familiares al fallecido, pero con la indemnización se busca compensarles de alguna forma”. Recordó que el preso fallecido tenía una hija menor de edad y que le sobrevive su madre, a quien representa. En su alegato inicial argumentó que era responsabilidad del centro penitenciario “cuidar” al fallecido y procurar “una vigilancia para que un interno no pueda acometer a otro”.
Añadió que en este caso “no se pusieron las medidas idóneas para que no sucediera” lo que finalmente ocurrió.
En consecuencia considera que la Administración General del Estado debe indemnizar con 250.000 euros a la hija de la víctima y con 100.000 a su madre, mientras que la fiscal rebaja esas cantidades y el abogado defensor únicamente contempla una indemnización de 71.000 euros para la madre
La vista oral fue seguida ayer por la hija, acompañada de una hermana y un sobrino del fallecido.
“La ley del silencio” y otras cuestiones.- La fiscal, el abogado del acusado y el de la familia de la víctima quisieron advertir a los integrantes del jurado —seis mujeres y cinco hombres, incluyendo suplentes— de lo que consideran características peculiares de este caso. En este sentido, la representante del ministerio público habló de la trascendencia de las declaraciones de los internos que probablemente testifiquen hoy mismo ya que algunos, “a pesar de la ley del silencio que es sagrada en las cárceles” han querido contar la verdad, según señaló. Por su parte, el abogado defensor reprochó “las lamentables consideraciones que se han hecho aquí” y los “prejuicios lamentables”, a su juicio, por el hecho de que el letrado de la acusación particular relatara que la víctima era de etnia gitana, aunque de una familia integrada en la sociedad, mientras el acusado es natural de Canarias. El primero recibió dos llamadas de atención del magistrado presidente por no seguir el guión del juicio con tribunal del jurado.
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