LA SENTENCIA del Constitucional sobre Bildu nos parece un gravísimo error por muchas razones. Pero la primera y la principal es que implica la vuelta a las instituciones de una opción política que representa a ETA. Bildu incluye a Batasuna y actuará en sintonía con ETA por muchas matizaciones que se quieran hacer sobre su grado de dependencia. Por tanto, lo correcto es hablar, como venimos haciendo, de Bildu-Batasuna.El fallo supone que el nuevo brazo político de la banda va a estar presente en el Parlamento navarro, va a gobernar decenas de ayuntamientos del País Vasco y Navarra -probablemente más de 40- y va a tener representación en varios centenares. Ello comporta la posibilidad de obtener dinero, acceso a los datos del censo y los privilegios y la cobertura legal que proporciona el 
poder municipal.
No es extraño, por ello, que cuadros de la lucha antiterrorista expresaran ayer su decepción a nuestro periódico, subrayando que «se han tirado 13 años de trabajo contra ETA», los transcurridos desde que, a finales de los 90, se empezó a investigar a la banda como un complejo entramado de organizaciones de toda índole.
A los terroristas les ha salido gratis
Si ETA hubiera entregado las armas y hubiera hecho un gesto de arrepentimiento de sus crímenes nada podríamos objetar al fallo del Constitucional. Pero lo peor de todo es que la legalización de Bildu-Batasuna le ha salido gratis a la banda, que no ha abandonado la lucha armada, ni ha hecho la menor 
autocrítica ni se ha comprometido a nada. Por el contrario, ETA decía en su último comunicado de hace 15 días que quiere tutelar el proceso político que, según sus designios, tiene que desembocar en la hegemonía de una izquierda abertzale que conduzca a la independencia.
ETA es la gran beneficiaria de la sentencia del Constitucional, que no sólo va a contribuir a reforzar políticamente a los terroristas, sino que además va a engrandecer la imagen de la banda, pues no tardará 
en apuntarse la legalización de las listas como una victoria. De hecho, Bildu se mofó ayer del Constitucional, presentando su resolución como un apaño partidista.
Que ETA va a ser la gran ganadora de la legalización lo sabe todo el mundo y, sobre todo, lo sabe el Gobierno porque él mismo lo ha dicho por boca de la Fiscalía, la abogacía del Estado y los informes de las Fuerzas de Seguridad que han llegado a la conclusión de que la coalición era un artificio creado por la banda para poder volver a las instituciones. Esta afirmación se basa sobre hechos concretos como la reunión entre ETA y EA y no sobre especulaciones.
Nada más producirse el fallo, el Ministerio de Justicia emitió un comunicado en el que reafirma su respeto por la independencia del Tribunal y subraya su neutralidad respecto a las decisiones de los jueces. Rubalcaba aseguró que «se siente cómodo» con la sentencia porque siempre ha respetado los fallos de los tribunales. Ambas manifestaciones son una falacia que pone en evidencia el doble juego del Gobierno: decir una cosa y hacer otra.
No es cierto que el Ejecutivo y el PSOE hayan estado en contra o al margen de la 
resolución del Constitucional, como lo demuestran una serie de acciones y declaraciones de las que hemos ido informando. Hagamos un repaso para refrescar la memoria de los olvidadizos: el PSC expresó públicamente su «extrañeza» por el fallo del Supremo respecto a Bildu que calificó de «no adecuado»; dirigentes tan significativos del PSE como Eguiguren, Pastor y Zabaleta abogaron abiertamente por la legalización de las listas; el propio lehendakari, Patxi López, dijo que confiaba en que la Justicia «garantizara» los derechos de quienes figuraban en las candidaturas de Bildu; los líderes peneuvistas Erkoreka y Ortuzar sugirieron una posible resolución favorable del Constitucional tras las conversaciones mantenidas por Iñigo Urkullu con Zapatero y Rubalcaba, y el diputado socialista Eduardo Madina se fue de la lengua ante sus compañeros a quienes anticipó el fallo del Tribunal.
Jueces con disciplina de voto
Si había un amplio sector socialista que quería la legalización y no lo ocultaba, el argumento definitivo que certifica que el Gobierno deseaba que Bildu pudiera estar en las elecciones es el comportamiento de los magistrados afines al PSOE en la Sala del 61 del Supremo y en el Constitucional.
Todos los que votaron a favor de la legalización de las listas habían sido promovidos a sus cargos directamente por el Gobierno o por el PSOE -en el caso del Constitucional- o por el sector llamado «progresista» del Consejo General del Poder Judicial -en el Supremo-. ¿Acaso fue por casualidad?
De forma simétrica, casi todos los que votaron en contra de las listas eran magistrados propuestos por el PP, lo que revela que estamos ante un fallo político, decidido con criterios partidistas y no jurídicos. Ha quedado de nuevo en evidencia que los Altos Tribunales toman sus decisiones en función de intereses políticos con las honrosas excepciones de magistrados como Dívar, Aragón y O'Callaghan, que han demostrado su independencia. Este fallo ahondará el desprestigio del TC, poniendo de nuevo sobre el tapete la necesidad de reformarlo.
La España multinacional
La pregunta es por qué Zapatero y el PSOE han optado por favorecer la presencia electoral de Bildu. Ello es el resultado de la combinación de los intereses del Gobierno a corto plazo para garantizar su mayoría parlamentaria con la falta de un proyecto político coherente a largo plazo. Sea por la crisis ideológica de la izquierda, por su incapacidad de gestionar la economía o por otros factores, da la sensación de que el Gobierno va dando bandazos y poniéndose en manos de quienes le ayudan a sobrevivir, al margen de cuál sea su grado de radicalismo nacionalista.
Parece claro que el interés por contar con los cinco escaños del PNV para poder terminar la legislatura ha condicionado a Zapatero. Urkullu fue muy claro al respecto. Pero también es posible que la cúpula socialista, con Zapatero y Rubalcaba a la cabeza, sueñe con un pacto con la izquierda abertzale que le permita al PSOE configurar una alianza hegemónica en el País Vasco, siguiendo el modelo del tripartito catalán. Eso encaja mucho con sus visiones de una España plural y multinacional en la que el PP estaría condenado a jugar el papel perdedor de una fuerza política identificada con la derecha intolerante. Pero de lo que no se ha dado cuenta Zapatero es de que su estrategia le lleva al desastre, además de conducir a España a la condición de una nación ingobernable y sometida al chantaje de los nacionalistas.
Resta por saber cómo va a afectar la sentencia al Pacto Antiterrorista, que ya de por sí se ha quedado en una carcasa vacía, y si el PP va a seguir apoyando parlamentariamente al Gobierno de Patxi López. El partido de Rajoy debería seguir respaldando al PSE, aunque no se lo merezca, porque no deja de ser en estos momentos la menos mala de todas las opciones. Ello no obsta para que el PP tenga también que hacer autocrítica por haber sido engañado por el PSOE y por haber pactado unas reformas jurídicas que no sirven para casi nada después de la sentencia. Pero al menos los populares han sido coherentes con sus principios, lo que no se puede decir de un PSOE que se ha comportado de forma irresponsable y egoísta en una cuestión de Estado, haciendo un tremendo daño a las víctimas y provocando un notable retroceso en la lucha contra ETA
CRIMEN DE ESTADO: «El Gobierno socialista y el TC han tirado 13 años de trabajo contra ETA» «Nos han vuelto a matar a todos»
Se refería este destacado miembro de las Fuerzas de Seguridad al señalar a los responsables de esta situación: no sólo a los jueces del Tribunal Constitucional, sino también al Gobierno. Y, al calcular los años que han resultado dilapidados, no contaba únicamente desde que en 2002 fuera aprobada la Ley de Partidos, ni desde que en 2004 se aplicase por primera vez, sino desde la época en la que ETA hizo pública la tregua de 1998.
Fue entonces cuando se puso más énfasis en investigar, entre otros muchos asuntos, las vinculaciones entre la banda terrorista y su brazo político, Herri Batasuna. En definitiva, al analizar las consecuencias de la legalización de las listas de Bildu (después de las contundentes pruebas aportadas), policías y guardias civiles aseguran que nos encontramos ante «una barbaridad de dimensiones colosales».
Las Fuerzas de Seguridad llevan ya semanas realizando cálculos sobre la 
repercusión electoral de Bildu en caso de ser legalizada. Estiman que, con los votos, la infraestructura y el potencial propagandístico de la izquierda abertzale, esta opción electoral puede llegar a los 220.000 votos, unas 10 veces más de los que hubieran podido soñar la casi desintegrada Eusko Alkartasuna y la recién fundada Alternatiba. Es más, no descartan que esa cantidad pudiera verse superada porque el regreso de la izquierda abertzale a las instituciones «crea expectativas» y «potencia el ánimo militante».
Y ello cuando los agentes dedicados a la lucha antiterrorista tienen muy presente que fue precisamente el temor de los dirigentes de la ilegalizada Batasuna a desaparecer arrastrados por ETA el que les hizo moderarse y mostrarse a favor «exclusivamente de las vías políticas», o el que les llevó a rechazar la violencia futura de la organización terrorista. Y fue su incapacidad para mantener aglutinadas a sus bases, que tras las continuas ilegalizaciones se veían sin referentes, otro de los motivos que les hizo reaccionar.
Otro de los expertos consultados continuaba en esta misma línea al afirmar que «podemos encontrarnos en el peor de los escenarios». «En estos momentos, ya es poco razonable que los candidatos de la izquierda abertzale permanezcan en las instituciones sin condenar a ETA y mientras la banda asegura que ella tutela, pero puede ocurrir que ETA llegue a la conclusión en algún momento de que no se está transitando correctamente por el camino de la autodeterminación y vuelva a atentar. Entonces tendremos a la izquierda abertzale en las instituciones y a la banda atentando. Así nunca vamos a llegar al final», señaló.
No tiene por qué ser así. Es posible que, como cree el Gobierno, golpeando a ETA y dejando espacio a la izquierda abertzale, ésta domine la estrategia y no quiera poner en peligro su representación política. «Pero no puede haber una solución respetable sin pedir previamente perdón a las víctimas», señalan ante esta hipótesis.
El hecho es que algunos agentes consideran que el Constitucional ha dejado inservible la Ley de Partidos. Otros creen que todavía podría aplicarse en el caso de que los miembros de las listas cometan algún error. Y hay quienes se preguntan qué consecuencias puede tener la sentencia en las investigaciones sobre una izquierda abertzale que ha sido blanqueada por el Alto Tribunal y si todo esto va a influir en el recorrido jurídico del portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, en prisión por haber puesto en práctica Bateragune, un proyecto político dirigido por ETA, según el juez, cuyo objetivo era una coalición como la legalizada.
En relación con las pruebas con las que se ha sustentado este caso, según ha sabido este periódico, el Gobierno tenía sobre su mesa un informe sobre la reunión o reuniones de EA con ETA mucho antes de que el Tribunal Supremo tomase una decisión, pero esos datos nunca estuvieron ni a disposición de la Fiscalía o la Abogacía del Estado ni en poder del Tribunal. Aun sin esta información sobre la mesa, el Supremo decidió ilegalizar todas las candidaturas de Bildu.
'El Gobierno y el Tribunal Constitucional han tirado 13 años de trabajo contra ETA'
La legalización de Bildu provoca frustración en los cuadros de la lucha antiterrorista. "Nos han vuelto a matar a todos", dicen las víctimas.
PNV: 'Hemos hecho cosas por Bildu que no se pueden contar'
EN UN ESTADO SUPUESTAMENTE DEMOCRÁTICO TODOS TENEMOS DERECHO A SABER, AÚN VINIENDO LAS DECLARACIONES DE UN FILOINDEPENDENTISTA. PERO, ¿QUÉ SABE EL PNV DE DEMOCRACIA Y DE CONSTITUCIÓN?; ELLOS, COMO DECÍA EL "CURA ARZALLUZ":
UNOS MUEVEN EL ARBOL Y NOSOTROS RECOGEMOS LAS NUECES.
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Rubalcaba sitúa a los críticos con el TC fuera del Estado de Derecho
¡TRAIDORES A LA DEMOCRACIA!, ESTAIS ENCAMADOS CON LOS SANGUINARIOS.
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El Supremo, indignado con el TC por permitir que ETA esté presente el 22-M
“El Alto Tribunal ha sido desacreditado por un órgano político”, dice un juez. “Han invadido otra vez nuestras competencias”.
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El TC ha demostrado no ser garante de los ciudadanos, sino de los etarras.
GRACIAS AL TRAIDOR zzzz+P, ESTAS ESCALOFRIANTES CIFRAS QUE IRAN A PARAR A MANOS DE LOS SANGUINARIOS SALDRÁN DE NUESTROS BOLSILLOS.
La tregua de la banda criminal y la travesía por los tribunales aumentan las posibilidades de los proetarras. Es la primera vez que Batasuna se presenta a las urnas junto con otros dos partidos.
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