martes, 22 de febrero de 2011

Los ERE fraudulentos acorralan a Griñán. La Junta tapó un expediente irregular en Morón

Zapatero embustero

EL CASO de los ERE fraudulentos en empresas de Andalucía avanza y cada vez se hace más patente que destacados miembros de la Junta estaban al tanto y ocultaron estas situaciones irregulares. Así lo demuestra que el Gobierno andaluz mirara hacia otro lado en el expediente de regulación de una empresa de la base aérea de Morón, que fue denunciado a finales de 2010 por el sindicato USO. La Consejería de Empleo decidió aprobar el ERE una vez «subsanadas las deficiencias» a las que se refería la denuncia, pero no inició ninguna investigación sobre los hechos. Las «deficiencias» eran 31 personas incluidas en la lista que nunca habían estado en la nómina de la compañía. Este periódico ha planteado en repetidas ocasiones la urgente necesidad de una comisión en el Parlamento andaluz que investigue los hechos. Sólo podemos atribuir la negativa a convocarla a la desfachatez de unos gobernantes socialistas, encabezados ahora por José Antonio Griñán, que confunden su trabajo de servicio a los ciudadanos con la gestión de un cortijo particular para medrar personalmente.

El Gobierno regional ve los ERE como el fraude fiscal

El Gobierno andaluz trata por todos los medios de apuntalar una estrategia consistente en distanciarse lo más posible de la trama de las prejubilaciones fraudulentas en lo que a responsabilidad sobre lo ocurrido se refiere.

El último intento, con apariencia de consigna, es el que tanto el actual consejero de Empleo, Manuel Recio, ayer, como el ex titular de este Departamento José Antonio Viera -uno de los responsables políticos señalados-, el domingo, han planteado comparar la trama de los expedientes de regulación de empleo (ERE) con el fraude a Hacienda, es decir, algo completamente ajeno a la Administración en cuanto a responsabilidad y que la propia Administración persigue para atajarlo y erradicarlo.

El consejero Recio mantuvo ayer que, «por muchos controles que se pongan y por muy afinado que sea el proceso, siempre habrá alguien que los vulnere todos». Sólo a partir de ahí, según el consejero, es donde entra en juego la Administración, en este caso la Junta, para «detectar los posibles casos, acudir a la Justicia e intentar recuperar hasta el último céntimo», algo que comparó con el funcionamiento de Hacienda, «donde también hay fraude y se intentan vulnerar los controles férreos».

El problema es que en esta trama se ha demostrado ya documentalmente la intervención de la Junta, a través de autorizaciones previas, en la inclusión de intrusos en algunos ERE. Algo así como si altos cargos de Hacienda autorizasen desde dentro determinadas operaciones de fraude al fisco.

Al margen de esta cuestión, el titular de Empleo explicó que la investigación que ha puesto en marcha su Departamento en busca de nuevas irregularidades (hasta el momento, la Junta sólo admite 39 casos fraudulentos) «sigue su trabajo a toda máquina y revisando en profundidad» los expedientes vivos donde aún se pagan pólizas a sus beneficiarios.

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