El Gobierno regional ve los ERE como el fraude fiscal
El Gobierno andaluz trata por todos los medios de apuntalar una estrategia consistente en distanciarse lo más posible de la trama de las prejubilaciones fraudulentas en lo que a responsabilidad sobre lo ocurrido se refiere.
El último intento, con apariencia de consigna, es el que tanto el actual consejero de Empleo, Manuel Recio, ayer, como el ex titular de este Departamento José Antonio Viera -uno de los responsables políticos señalados-, el domingo, han planteado comparar la trama de los expedientes de regulación de empleo (ERE) con el fraude a Hacienda, es decir, algo completamente ajeno a la Administración en cuanto a responsabilidad y que la propia Administración persigue para atajarlo y erradicarlo.
El consejero Recio mantuvo ayer que, «por muchos controles que se pongan y por muy afinado que sea el proceso, siempre habrá alguien que los vulnere todos». Sólo a partir de ahí, según el consejero, es donde entra en juego la Administración, en este caso la Junta, para «detectar los posibles casos, acudir a la Justicia e intentar recuperar hasta el último céntimo», algo que comparó con el funcionamiento de Hacienda, «donde también hay fraude y se intentan vulnerar los controles férreos».
El problema es que en esta trama se ha demostrado ya documentalmente la intervención de la Junta, a través de autorizaciones previas, en la inclusión de intrusos en algunos ERE. Algo así como si altos cargos de Hacienda autorizasen desde dentro determinadas operaciones de fraude al fisco.
Al margen de esta cuestión, el titular de Empleo explicó que la investigación que ha puesto en marcha su Departamento en busca de nuevas irregularidades (hasta el momento, la Junta sólo admite 39 casos fraudulentos) «sigue su trabajo a toda máquina y revisando en profundidad» los expedientes vivos donde aún se pagan pólizas a sus beneficiarios.
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